En el marco de un intenso debate desatado la semana pasada en torno a la aplicabilidad del recorte dispuesto en los sueldos de la Administración Pública, mediante un decreto de necesidad y urgencia, la Corte comenzó a analizar hoy si cabe aceptar la invitación del gobierno de adherir a la medida, recortando los sueldos que superen los mil pesos, excluyendo los de los jueces y fiscales", que son intangibles de acuerdo a la letra de la Constitución. Pese a que distintas versiones vaticinaban durante el fin de semana que la Corte, que adelantó en un día su reunión de acuerdo, para que pueda participar el vicepresidente Eduardo Moliné O´Connor, quien viaja mañana, durante el acuerdo no hubo ningún pronunciamiento en torno al tema.
Según se pudo saber, la única resolución -que ya había sido anticipada la semana pasada- fue la de encomendar al Secretario Administrativo, Nicolás Reyes, un estudio detallado de la situación presupuestaria de la Justicia para, a partir de allí, determinar si se puede o no efectuar algún recorte.
Otros voceros judiciales admitieron también que la Corte -tal como se dejó traslucir en los despachos de los ministros- abrió un compás de espera hasta tanto conozca los resultados del Plenario que el Consejo de la Magistratura llevará a cabo mañana, y en el que casi con seguridad emitirá un pronunciamiento en torno al tema.
La Comisión de Administración del Consejo rechazó de plano cualquier posibilidad de trasladar los recortes al ámbito de la Justicia, y le reclamó a la Corte un pronunciamiento reivindicando su poder de superintendencia para fijar los sueldos de los empleados del Poder Judicial.