La resolución de los jueces Marta Milloc, Ángela Ester Ledesma y Lucila Larrandart constituyo un capítulo más que se suma al controvertido episodio que se desató semanas atrás tras la denuncia pública formulada por Beatriz Griselda Díaz, respecto a que el automóvil Renault Laguna de su propiedad, que utilizó el presidente de la Corte Julio Nazareno, le había sido devuelto con 80 mil kilómetros y con los papeles a nombre del tribunal.
El rodado y un Ford Escort fueron puestos a disposición del alto tribunal para su uso por el juez federal 3 de Morón 3, Alberto Criscuoslo, quien instruyó en una causa por narcotráfico.
La situación desatada, obligó a que la semana pasada la Corte saliera a deslindar responsabilidades y a justificar a través de su secretario General, Cristian Abritta, la legalidad la utilización de los automóviles secuestrados, por parte de los ministros y también de los distintos juzgados. Fue así como se pudo saber que en la actualidad la Justicia cuenta con una reducida flota de automóviles propios, y se conoció el listado de los rodados que utilizan los jueces.
Abritta aclaró que ante un consulta respecto a cómo debían circular los vehículos secuestrados y afectados a los jueces, el Registro Automotor había señalado que debía confeccionarse una cédula verde a nombre de la Corte.
Respecto de las actuaciones, el tribunal recordó que el 29 de diciembre de 1999 se dictó sentencia en la causa, "en cuyo dispositivo se resolvió la entrega del mencionado automóvil Renault Laguna a su propietaria, por haber sido absuelta, como también se ordenó la entrega de un Ford Escort Ghia a su propietario Ángel Pascual".
Una vez firme la sentencia, la Corte informó mediante oficio el 11 de abril pasado que el vehículo en cuestión había sido "desafectado" y que "podía ser retirado por personal del Tribunal" razón por la cual la entrega se efectivizó el 28 de abril pasado.
Como no fuera restituida la documentación del vehículo y no se encontraba entre los efectos la documentación correspondiente que había sido enviada por el juez instructor a la Corte Suprema, razón por la que se libró oficio al Registro de la Propiedad Automotor solicitando informes acerca de ese y otros tres rodados.
El organismo respondió que "el dominio Alj-029 (tal la patente de Renault) registra como titular a la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
A raíz de esa circunstancia y "pudiendo tratarse de la presunta comisión de un delito de acción pública" el tribunal resolvió "dar intervención al juez competente" librando oficio a tal efecto a la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal.