De Marco Naón fue el funcionario que contrató un servicio de remises por la suma de 25 mil pesos mensuales para empleados del organismo, con la empresa "Transportes y Servicios" de la cual era su principal accionista y ya fue procesado por ese hecho.
La Sala II de la Cámara confirmó el procesamiento y embargo por 500 mil pesos dictados contra Juan José Outes, Karina Bellora y Sergio Cámpora quienes figuraban como socios de la empresa "Transportes y Servicios".
De acuerdo a la resolución, los imputados habían firmado una carta documento en el que reconocían que los dueños de la empresa eran de Marco Naón, el gerente Osvaldo González y el proveedor Oscar Cairo.
Todos ellos fueron procesados por el juez Rodolfo Canicoba Corral, por el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".
La Cámara dijo que "se utilizó la modalidad de colocar prestanombres o testaferros, como titulares de las acciones dejando a salvo la verdadera situación".
Cuando confirmó el procesamiento de Naón en marzo pasado, la Cámara ordenó investigar a María Julia Alsogaray por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no haber denunciado en su momento al ex titular del INA.
En ese entonces, María Julia Alsogaray se desligó de la responsabilidad sobre el INA, con el argumento de que "no le correspondía investigarlo, por tratarse de un organismo de un ente descentralizado".