El amparo fue radicado en el juzgado Civil 24 a cargo de Hilario Rebaudi Basabilvaso, al fracasar un reclamo por "inconstitucionalidad" de características similares ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que denegó el pedido por entender que no se trataba de una norma vigente.
Los padres sostienen que la Ley es inconstitucional porque violaría la potestad que la Carta Magna les asigna sobre la educación de sus hijos menores de edad.
"La ley que ponemos en crisis, habilita diálogos y conductas de menores de edad sin noticia o participación alguna de los verdaderos responsables, los padres, en materias tales como moral, educación sexual, reproducción de especies etc; temas todos que hacen a la moral de cada uno, y que nadie aún ha delegado, en el Estado Nacional, y mucho menos en la autoridad ciudadana local", señala el texto de la presentación.
Asimismo, denuncian que "algunos de los dispositivos o mecanismos previstos en la normativa cuestionada son abortivos, lo que hace incurrir automáticamente a quien los ponga en práctica en el tipo penal respectivo".
La acción de amparo fue promovida por los abogados Eduardo Sequeiros, Roberto Castellano y Carlos Miguel Esteva, quienes sostienen que la Ley 418, sancionada el 22 de junio, restringirá alterará y amenazará "con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por Tratados Internacional, la Constitución de la Nación, el Código Civil, leyes vigentes y aún la propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Al fundar su reclamo, los letrados sostuvieron que "la Ley en comentario promueve la desintegración del núcleo familiar, al autorizar la intervención de inconsultos y no identificados opinantes que, de manera institucional, el Gobierno d la Ciudad incorporaría a un diálogo al que no están invitados por las leyes de fondo", en alusión a los profesionales que tendrán a cargo el asesoramiento de los menores respecto de los métodos anticonceptivos adecuados.