El tribunal Oral Federal número 1 de esta capital condenó a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a Ester Elena Aizenberg, y a José Alberto López a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación.
Por otra parte, el contador Enrique Fidel Della Busca, apoderado de la firma Movianca, una exportadora de carne congelada que pretendía cobrar los reembolsos mediante la maniobra, fue condenado a un año de prisión en suspenso, e igual período para desempeñar su profesión.
Della Busca fue hallado participe del delito de cohecho activo.
Los hechos se iniciaron en junio de 1995 cuando la empresa Movianca había dejado vencer el plazo máximo legal de cinco años para reclamar los reembolsos a las exportaciones. Al tomar contacto con los dos contadores ahora condenados, éstos idearon la falsificación de la fecha de presentación de los reclamos para superar, con una posterior, el vencimiento del plazo para efectuar el reclamo ante el ente recaudador.
Dentro de esa maniobra debían contar con los sellos necesarios para la certificación del ingreso del trámite de los siete pedidos de reintegros, por lo que se hacía necesaria la colaboración de otra empleada de la DGI., Beatriz Lores, quien tenía a su cargo la custodia de los mismos.
Lores denunció a sus superiores la propuesta y fue una jefa de la seccional 6a de la DGI quien efectuó la denuncia ante la Policia Federal, donde comenzó una investigación a partir de grabaciones de conversaciones telefónicas que Lores mantuvo con los contadores, las que fueron incluidas como prueba durante el juicio Oral y Público.
A raíz de las tareas de inteligencia de la División Prevención del Delito se produjo la detención de Aizenberg, Lorez y Della Busca, cuando se encontraban reunidos en un bar del barrio de Palermo, y mientras le entregaban dinero a Lores. Aizenberg dijo durante el juicio que los cien pesos que había entregado a la empleada respondían a razones "caritativas", pero el tribunal no le creyó.
Tanto es así que la profesional aseguró "con total desparpajo" que se había sentido "defraudada" por Lores, incidente que motivó un capítulo aparte en el voto de uno de los camaristas, Mario Gustavo Costa, quien graficó al señalar que se trataba del "ladrón ofendido con el que lo atrapó", en un verdadero "mundo del revés" consagrado por la escritora maría Elena Walsh.
Los jueces también rechazaron los argumentos de Della Busca, quien aseguró que si bien se encontraba en el bar con los contadores, él había concurrido al lugar para desbaratar la operación porque se había dado cuenta que era algo ilegal.
Al momento de dictar sentencia, Aizenberg recibió una pena mayor porque también fue encontrada culpable por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, ya que en 1995 había solicitado a la DGI una licencia para someterse a una tratamiento de fecundación in vitro, para lo cual presentó dos certificados médicos. Durante los 75 días que permaneció en uso de licencia cobró haberes por 8062 pesos.
Durante el juicio se comprobó que los certificados médicos eran apócrifos y que habían sido sustraidos al profesional cuya firma aparecía en los mismos.
Al graduar la pena fijada a Aizenberg, el tribunal consideró que la profesional demostró una "actitud despreciativa por el bien jurídico tutelado (que es la administración pública, depositaria de la confianza de los ciudadanos".
Las escuchas telefónicas y el "cuello blanco"
En su voto, y al destacar las tareas de inteligencia llevadas a cabo por la prevención de la Policía Federal, el juez Costa destacó el dispar criterio con que los jueces suelen autorizar las intervenciones telefónicas.
El magistrado destacó que "lo colectado en la investigación indicaba la muy probable conexión de esta maniobra con el proceder iregular de otros funcionarios y hasta la posible comisión de hechos similares".
"La prolija tarea de documentación de la prueba efectuada por la prevención policial permitía, sin dudas, que una eventual intervención de lineas telefónicas arrojara resultados muy interesantes para la pesquisa".
"Me parece asombroso que veamos a diario como las causas por presuntos delitos sobre estupefacientes -la mas de las veces de poca monta- los jueces tienen la mano muy suelta para profusas (y con frecuencia poco razonables) intercepciones de esta indole, mientras que son marcadamente reticentes a hacerlo cuando se trata de estos graves ilicitos de "cuello blanco", que sin duda configuran un cáncer social cuyas consecuencias todos padecemos", concluyó.