La Defensoría General de la Nación hizo saber “En un esfuerzo que está al límite de lo posible, sólo puede completar el equivalente al 24 por ciento sobre el monto originalmente solicitado de 57.658.647, cuando ya se dedujo de dicho importe el 21,63 por ciento, restando efectuar economías por el monto de 1.366.509,90”. "La preocupación del Poder Ejecutivo Nacional para garantizar el equilibrio fiscal y la reducción del déficit de las cuentas públicas, transmitidas a través del decreto 467/2000, encontró una adecuada respuesta en las posibilidades presupuestarias del Ministerio Público de la Defensa que no implican una reducción salarial, tal como fue expuesto en la resolución DGN (Defensoría General de la Nación) 855/2000", sostiene una resolución firmada por Romero.
Si bien el Consejo de la Magistratura tiene a estudio la invitación cursada por la Corte, ese cuerpo aún no ha adoptado, durante las sucesivas reuniones de su comisión de Administración, ninguna resolución al respecto.
En el ámbito de Procuración General también se anunció que se iba a actuar en consonancia pero aún no se han anunciado medidas concretas.
Tanto los sueldos de los defensores oficiales como los de los fiscales están equiparados y amparados por la intangibilidad que protege los sueldos de los jueces.