Polino acusó al magistrado de haber levantado la medida cautelar que pesaba sobre el contrato, firmado por el anterior gobierno con Trenes de Buenos Aires S.A, que impedía en práctica los aumentos tarifarios de hasta un 90 por ciento.
La prohibición había sido dictada en forma precautoria por el juez de la causa Osvaldo Guglielmino, hasta tanto conocer el resultado de una serie de pericias, y en resguardo de los derechos de los usuarios afectados por el nuevo contrato que extendía la concesión por un lapso de 20 años.
La acción fue iniciada por la asociación Consumidores Libres que se dedica a la defensa de los usuarios y otras seis entidades similares. Una solicitud de levantamiento de la medida cautelar fue rechazada el 15 de diciembre de 1999 por el juez de la causa y vuelta a pedir durante la feria, cuando Fernández se encontraba en turno, por Trenes de Buenos Aires S.A el 10 de enero pasado.
Polino sostuvo que “el juez Fernández, corriendo traslado durante la feria, mes en el que los estudios jurídicos se hallaban cerrados y no haciéndolo a todas las entidades peticionantes, levantó la medida cautelar a pesar de no ser el juez de la causa y sin que se hubieran producido cambios entre el anterior pedido que fue denegado y el 26 de enero cuando lo dispuso favorablemente”.
“El proceder del juez fue abiertamente parcial en beneficio de la empresa y para ello se arrogó facultades que no corresponden a un juez de feria. Es un caso de mal desempeño de sus funciones en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional, lo que justifica la iniciación del proceso de enjuiciamiento a fin que el Consejo de la Magistratura resuelva si corresponde su remoción”, señaló el legislador.