Mientras tanto, el juez federal Adolfo Bagnasco puso marcha atrás y resolvió postergar para el mes próximo, cuando se reintegren los ministros de la Corte que se encuentran de feria, la remisión del expediente que le había reclamado el secretario penal del alto tribunal Esteban Canevari, para resolver la cuestión de competencia planteada entre el juzgado y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Ayer, voceros del juzgado indicaron que el envío de la causa a la Corte se iban a producir “en las próximas horas”, pero el magistrado decidió la postergación en virtud que ese pedido había sido formulado la semana pasada, cuando los ministros se encontraban en sus despachos, sin mediar ninguna resolución por parte de ellos que lo avalara.
Según confiaron los voceros consultados, la magnitud del pedido de Canevari tampoco motivó la habilitación de la Feria Judicial, a cargo del vicepresidente de la Corte Eduardo Moliné O´Connor, de turno junto con Adolfo Vázquez.
El Ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, manifestó que “la Corte Suprema resolverá como órgano superior común , una contienda de competencia que plantean los tribunales militares y la justicia civil”, a relativizar la trascendencia pública que generó el reclamo.
“Los dos tribunales quieren ser competentes y por eso va a decidir la Corte. Debe dirimirse de modo que la causa siga en la justicia civil” planteó el funcionario, al tiempo que explicó que “el Consejo Supremo es un tribunal administrativo que opera con independencia funcional”.
Por otra parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó a través de un informe que hoy denunciará al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber "violado" compromisos adquiridos con ese tribunal en el marco del denominado "caso Lapacó", en el cual la Corte negó a una madre el derecho a una investigación judicial por el destino final de su hija desaparecida.
Los organismos de derechos humanos presentaron hoy una denuncia por la violación por parte del gobierno argentino del compromiso asumido ante la Comisión Interamericana en el caso Lapacó. En dicho acuerdo el Estado se obligó a mantener los juicios por la verdad en las Cámaras Federales de todo el país y a mantener los juicios por apropiación de menores y sustitución de identidad en los juzgados federales de primera instancia.
Desde fines de 1999 los militares han iniciado un sostenido avance sobre el poder político con el fin de evitar las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente.
En ese camino intentan extraer de la competencia de la justicia civil los juicios por apropiación de menores y lograr su juzgamiento por tribunales militares.
La Corte Suprema reclamó al juez federal Adolfo Bagnasco el expediente que se instruye por la sustracción de bebés durante la dictadura. El sumario fue requerido para resolver el planteo efectuado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (ConSuFa), que se arrogó la competencia de la causa en base a un pedido del ex comandante del Ejército Santiago Omar Riveros.
En disidencia con el planteo militar, el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra señaló que "hay una Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, que excluye expresamente a la competencia militar para este tipo de hechos y que tiene esta norma jerarquía constitucional".
Bagnasco informó que, cuando finalice la feria judicial de invierno, pedirá una aclaración a la Corte, ya que sólo recibió un oficio mediante el cual el secretario penal Esteban Canevari solicitó el envío del expediente. "La parte principal del expediente está terminada", manifestó el magistrado, recordando que la Cámara Federal porteña confirmó las resoluciones mediante las cuales él dictó el procesamiento y la prisión preventiva de ex jefes castrenses que serán sometidos a juicio oral y público por el robo de bebés.