- En el ámbito de aplicación del Código de Procedimientos en materia Penal de la Nación, es decir Tribunales de la Capital y Federales de todo el país, la posibilidad o acceso a una doble instancia es una excepción. Lisa y llanamente se viola flagrantemente un principio básico de todo ordenamiento jurídico civilizado, la posibilidad de una persona de revisar o rever en otra instancia una resolución judicial.
- Una ínfima cantidad de sentencias condenatorias de los Tribunales Orales llegan a ser atendidas por la Cámara de Casación. Por ende una inmensa mayoría de condenados lo son en sentencias de instancia única, librados al arbitrio de errores judiciales, incorrecta aplicación del derecho subjetivo o defectuosos procedimientos.
Una inmensa mayoría de los Jueces Federales de la Capital y de La Plata en lo que se refiere a temas de estupefacientes, actúan de una manera claramente antijurídica. Muchas veces con inteligencia policial o de Gendarmería se instruyen sumarios, donde aparecen imputados una cantidad importante de personas, un grupo, MUCHAS VECES POR SIMPLES ESCUCHAS, ALGUNAS DE ELLAS ILEGALES. Se dictan procesamientos, se aplica el Art. 5 y el agravante del 11 de la ley de manera de no estar condicionado por el plazo de los 24 meses de la ley de prisión preventiva.
Se llega a requerimientos fiscales en la elevación que son siempre inmutables en el tramite en el Oral. Así se llega al debate después de casi 24 meses de detención, y allí a suerte o verdad se decide la suerte del procesado. Con conocimiento de causa tengo clientes que sin secuestro alguno y siendo primarios tienen condenas de 7 años.
No es un caso, son muchísimos. Que haya tratado o conocido en el ultimo semestre, cuatro causas. Pero esto no termina allí, sentenciado, el acceso a una revisión de esta condena es una misión cuasi imposible.
SIN SEGUNDA INSTANCIA NUESTRO SISTEMA PROCESAL PENAL ES MEDIEVAL.
La inmensa mayoría de los encausados son defendidos por el Sistema de defensoria oficial, lo cual hace que, pese a los merituables esfuerzos que dichos funcionarios realizan , la entrevista, la preparación de una defensa, el asesoramiento, es lisa y llanamente imposible o dificultoso. Esto afecta la garantía del debido proceso. Existen personas detenidas, que no hablaron mas de cinco minutos con su defensor, se negaron a declarar por su consejo, y así han pasado meses sin que el Tribunal los volviera a requerir y sin información sustancial alguna, privados de su libertad.
Los defensores Oficiales, con cuatro o cinco indagatorias por día, defensas, apelaciones, etc., ¿Que tiempo tienen realmente y lógicamente para atender cada defensa? Los Juzgados de ejecución penal, que deben atender y contralor la ejecución de las penas impuestas, ya sea privados de libertad o en condicional o probation, no funcionaron en forma normal desde siquiera su origen. Juzgados sin espacio físico, personal contratado o meritorios, lejos de atender a los reclamos de las personas condenadas, son meros receptores de escritos.
De las personas privadas de su libertad no se ocupan ni los Juzgados de Ejecución Penal ni los Juzgados que lo tienen a su disposición mientras son encausados. Los reclamos efectuados, son manejados en forma burocrática y pese a ordenes judiciales, las mismas chocan con la voluntad muchas veces arbitraria del personal penitenciario, ya sea en temas vinculados a traslados, salud, etc. Conozco casos puntuales de personas que pese a una orden de tipo judicial fueron trasladados de Caseros a Devoto y allí se hizo caso omiso al pedido del Tribunal del alojamiento del interno atento su edad y problemas de salud.
Una persona procesada y sin recursos es un numero en la maquinaria judicial, el Estado le proveerá una defensa, que atenderá centenares de casos similares, vera la cara de su defensor dos veces o tres, será condenada en instancia única, y sus padeceres innecesarios muchas veces serán, si es que reclama burocráticamente, atendidos por el ámbito Judicial.
Ese es nuestro sistema penal y penitenciario hoy.
Cuales pueden ser las alternativas:
1.- Urgente modificación de la ley procesal que facilite la doble instancia de manera de que el Estado Argentino no siga violando preceptos constitucionales básicos.
2.- Establecimiento de un sistema de Defensoria gratuita o a aranceles reducidos, a prestarse por matriculados inscriptos a tal efecto. Se podría fijar una remuneración mínima pagadera por el Estado. Este sistema podría coexistir con el sistema de defensoria oficial que vería aliviado su trabajo. O alternativamente la creación de más defensorias.
Juzgados de Ejecución Penal, que existan en el ámbito carcelario, de manera de tener inmediatez con las personas privadas de su libertad, atender sus problemas, reclamos, etc. En lo inmediato darles mayor ámbito físico, ya que la situación actual es calamitosa. Mas personal y observación y visita a las unidades en forma semanal, recepcionando los reclamos en el mismo ámbito penitenciario.
Se debe priorizar, para primarios y delitos menores, las penas alternativas, probation, trabajo comunitarios, multas , a la par de instar procedimientos de mediación penal. Esta es la tendencia del Derecho Penal moderno. Se aliviana el trabajo de la Justicia Penal para que atienda a cuestiones mas importantes, y el condenado cumple una sanción útil a la sociedad o al damnificado.
Dar instrucciones a los Fiscales para que no sean reacios a la solución del juicio abreviado, lo cual acelera las causas o la resolución de las mismas.
Nuestra legislación da algunos pasos sobre probation, trabajo comunitario, otras alternativas de pena, como el juicio abreviado. Es necesario impulsar esta tendencia del Derecho Penal. De lo contrario la labor será crear mas establecimientos carcelarios, y llegar a índices exorbitantes de personas detenidos (ver las estadísticas de EEUU – donde Texas tiene mas detenidos que toda Alemania).
Dr. Gustavo Aramburu
Abogado penalista y docente universitario