Pese a estos infaustos es el que mantiene la juez
argentina al considerar que de tramitarse la causa en Chile le sacaría un peso político al tema. Por un lado abriría un cauce en las
relaciones diplomáticas bilaterales y por el otro obligaría a definirse a la Cámara Federal Penal que aún -pese a la importancia internacional del caso- no ha definido si el caso Prats está prescripto como piden los abogados defensores
del único detenido en la Argentina, el militante
ultranacionalista y ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, quien espera ese dictamen para saber si enfrenta a un tribunal oral. La apertura de un juicio en Chile, por otro lado, confirmaría la seriedad de la investigación de Servini
de Cubría que contó con el apoyo decidido en el último tramo -claro que previa negociación y concesiones- del Departamento de Justicia norteamericano, el FBI y la propia CIA que protege
a Michael Townley, el doble espía que mató a Prats y comprometió, con su testimonio, a todo el gobierno de Pinochet.
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