En ese sentido, según se pudo saber, la directiva de la Comisión continental le habría comunicado a Tiscornia, desde Washington, que "se sigue atentamente su juzgamiento" y que se aguarda el agotamiento de la instancia argentina para luego actuar según el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La denuncia del juez que investigó en la causa de la denominada "aduana paralela" contra el Estado Argentino, se basa en que los cargos formulados para suspenderlo son -según entiende- "inconsistentes", ya que la mayoría de los fallos por él dictados, luego fueron confirmados por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, por lo que "mal se puede acusarme de mal desempeño en el cargo".
Según el magistrado, el Estado argentino violó el artículo 8 del Pacto Interamericano sobre Derechos Humanos; el artículo 6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos; el articulo 14 del Tratado de Derechos Políticos y Civiles, entre otros. En tal sentido advirtió que todos los tratados mencionados "prohiben a los Estados enjuiciar a los jueces más allá del acierto o error de los fallos que dicten", y destacó que "los jueces no pueden ser llamados a dar explicaciones sobre su labor jurisdiccional".