El Plan fue elaborado por la Dirección Nacional de Política Criminal de la cartera de Justicia que encabeza Mariano Ciafardini, y por la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior, a cargo de Alberto Giordanelli, y apunta a reducir los índices del delito urbano.
El proyecto tiende a rediseñar de la vigilancia policial, reformas urbanas y desarrollo de acciones sociales para la juventud, y se aplicará en los distritos que lo acepten mediante la suscripción de convenios.
La provincia de Mendoza ya ha iniciado el debate para su aplicación, mientras que el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires lo pondrá en marcha próximamente. Varios partidos del conurbano bonaerense (Avellaneda y Morón, entre otros) se han mostrado interesados.
La implementación del Plan a nivel nacional será elevada a consideración del Consejo Nacional de Seguridad Interior en su próxima reunión.
Derecho a la verdad
Por su parte la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, suscribió un convenio con el titular de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en la Argentina, Marcos Weinstein, para realizar tareas de investigación y reconstrucción histórica de la verdad acerca de ciudadanos judíos desaparecidos o detenidos ilegalmente durante la represión de la última dictadura militar.
Conti, señaló que se enmarca en "una política estratégica que responde a un creciente reclamo de la comunidad internacional para avanzar en el conocimiento de la suerte de sus connacionales".
Asimismo explicó en este sentido que “en la Subsecretaría existen datos sin procesar que, gracias a estos convenios, se podrán analizar a la luz una investigación minuciosa para "reconstruir una pieza más de este rompecabezas en la búsqueda de la verdad".