De la presidencia de la Nación, de la SIDE, del ministerio del Interior, de la Cancillería y del ministerio de Defensa, deberán ser blanqueados hasta el 31 de julio último para demostrar que de esas cajas no salió un peso que no esté debidamente justificado y que de lugar a interpretar que sirvió para pagar supuestamente el voto radical & peronista del Senado en favor de la sanción de la ley de Reforma Laboral. Quien aportará datos técnicos del sistema de pago de gastos reservados será el secretario de Hacienda, Pablo Vicens, un hombre del riñón de José Luis Machinea. Es que esa cartera concentró la liberación de esos pagos ocultos a raíz de una resolución firmada en 1994 por el ex ministro Domingo Cavallo, cuando era el hombre fuerte del anterior gobierno de Carlos Menem y quería controlar todas las operaciones del elenco, sobre todo de sus enemigos internos como Carlos Corach o Alberto Kohan. Pero si Vicens no resulta convincente, después tendrían que aclarar los números en el juzgado nada menos que Fernando de Santibañes, Federico Storani, Adalberto Rodriguez Giavarini y Lopez Murphy, cabezas de esas reparticiones. La pregunta del millón es si Liporaci se animará a pedirle el testimonio a Fernando de la Rúa, en un extremo que pondría en crisis la firmeza institucional del Ejecutivo.
dju / dju
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