El juez ya había sido citado hace aproximadamente un mes atrás por la Comisión del Consejo de la Magistratura, pero en esa oportunidad pidió 15 días de prórroga para presentarse ante el cuerpo para dar explicaciones por supuestas irregularidades en el trámite de la causa.
El magistrado remitió un escrito a la Comisión en el que alegó que, dado que la causa está aún en trámite y acaba de ser impuesto parcialmente el secreto de sumario, no sería viable declarar ante los consejeros, porque podría entorpecer el esclarecimiento del caso y manifestó en su escrito que estaría en “condiciones de concurrir cuando la causa esté casi cerrada”.
En esa oportunidad el diputado Pablo Fernández, presidente de la Comisión de Acusación, le rechazó la prórroga al juez, ratificando la decisión de covocarlo.
El juicio político contra Villafuerte Ruzo fue promovido por el abogado Juan Pandis quien pidió que se lo investigue por el presunto mal desempeño de sus funciones. El cuestionamiento está referido al rol que jugó el magistrado, en el asalto al Banco Nación de Ramallo, donde murió un delincuente y dos rehenes (el gerente y el subgerente de la entidad), y poco después un tercer malviviente fue hallado sin vida en una celda de una comisaría de San Nicolás, presuntamente víctima de un suicidio.
Villafuerte Ruzo se instaló en edificio cercano al banco donde los asaltantes mantenían como rehenes a empleados de la entidad, un empleado de un correo privado y a la esposa del gerente, comandando desde ese lugar las negociaciones y las operaciones, que culminaron en forma trágica en la madrugada del 17 de septiembre de 1999, cuando efectivos policiales dispararon en forma indiscriminada contra el automóvil en el que huían los asaltantes junto con los rehenes, a quienes utilizaron como escudos humanos.
De los rehenes que iban en el vehículo la única sobreviviente fue Flora Lacave, esposa del gerente, y uno de los asaltantes. Luego, este último apareció muerto en una celda, en confusas circunstancias.