Oliveira le planteó a Ibarra que impida “se concrete dicho acto de neto corte anticonstitucional, el cual generará un grave perjuicio a la comunidad", echando mano a las facultades que le han sido conferidas, advirtiendole que en caso contrario iniciará acciones legales .
Las abogada señaló en la carta intimatoria que “de acuerdo a las informaciones periodísticas publicadas en Diario Clarín, La Nación, Ambito Financiero, Crónica, Popular y La Prensa respecto a la inminente decisión del Poder Ejecutivo Nacional de transferir a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires las obligaciones establecidas en las Leyes 25.053, 25.264 y sus modificatorias, respecto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), intimo plazo improrrogable de 72 horas arbitre las medidas y realice las acciones tendientes a evitar que se concrete dicho acto, el cual generará grave perjuicio a la comunidad”.
“Dicha transferencia, sin los recursos pertinentes, generará un desfasaje en el erario público de la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos; observará usted que necesariamente si se asumen nuevos compromisos deberán readjudicarse nuevas partidas, eliminando o postergando programas o proyectos ya aprobados por nuestra Legislatura”.
“Por ello, atento sus atribuciones y deberes conferidos por los articulos 102, 104 incisos 1º y 105 inc. 9º y ccdtes. de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, intimo se de cumplimiento a lo requerido ut-supra, bajo apercibimiento de iniciar la suscripta las acciones y medidas necesarias para evitar tal gravamen hacia la comunidad, conforme lo prescripto en el art. 137 que atribuye a este organismo la misión de defender, proteger y promover “...los derechos colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración”.