El sistema jurídico argentino presupone la responsabilidad individual, no lo contrario. La irresponsabilidad es la excepción y debe estar expresamente establecida en la ley (por edad, enfermedad, situaciones particulares de imposibilidad de dirigir las acciones, o de comprender la criminalidad del acto, legítima defensa, estado de necesidad, etc.). En el tema de la procreación, es imposible delimitar un "deber jurídico" a cargo del Estado o de particulares, sin caer en algún tipo de totalitarismo. Cualquier participación del Estado en la determinación o calificación de la "responsabilidad" en la procreación humana alentaría la discriminación social y la violación de garantías individuales.
Lo que sí el Estado puede y debe hacer, es educar para valorar y rejerarquizar la vida, educar para el respeto y tratamiento digno de las personas, facilitar información objetiva. A la gente se la ayuda a decidir con educación y no decidiendo por ellos.
Generalmente cuando los legisladores hablan de "procreación responsable" no se refieren a una educación para una mejor vida de relación entre las personas, con miras a la formación responsable de una familia, a través de la detección de conductas relacionales patológicas en edad temprana, ni al ejercicio de una sexualidad y procreación responsables, ni al conocimiento de los ciclos fértiles, sino que sólo se refieren al fomento de una "relación meramente genital entre las personas", aludiendo a la existencia de "derechos sexuales", de dudosa entidad jurídica y filosófica.
Ninguna Ley puede ayudar a los habitantes a decidir y ejercer sus pautas procreativas libre y responsablemente, a riesgo de pretender decidir por ellos.
Como peligroso antecedente, el Anexo del Proyecto de Ley de Procreación Responsable aprobado por la H.C.D. de la Nación el 1 de noviembre de 1995, que contenía 90 páginas, y que más tarde se aseguró que no integraría el texto legal, sino sólo a efectos ilustrativos, describía prolijamente las técnicas que deberían aplicar los agentes de la salud para CONVENCER a las pacientes, de iniciar programas de anticoncepción y de cómo los embarazos en general no son deseados.
El Anexo hablaba de observar grupos de enfoque, concientizar a la población sobre la existencia de un problema de salud, motivar actitudes individuales, familiares y comunitarias favorables a la aceptación de las conductas propuestas, neutralizar todo lo que pudiera actuar negativamente, cuidar la metacomunicación o formas que no armonicen con el mensaje, luchar contra el olvido a fuerza de repetición, etc...
¿Dónde está la libertad? Esto es orientación, captación y manipulación.
Tomando en cuenta que nuestro país está subpoblado, resulta ridículo avalar iniciativas legislativas que intenten dar prioridad a engañosos Programas de Procreación Responsable, más aún, cuando existe una cuenta pendiente con la "protección integral del embarazo y del neonato".
Se organizaría un gigantesco sistema de recursos materiales y humanos, para no concebir niños, en tanto que las mujeres que desearan tener hijos, seguirían peregrinando por los pasillos de los hospitales esperando que un turno para ser atendidas, o compartiendo la cama, o reclamando ecografías y vacunas antiRH, sin entender por qué para no tener hijos existe tanto apoyo, y para tenerlos, no.
Estos Proyectos invierten las prioridades y discriminan gravemente a los hombres y mujeres de nuestro país que desean tener hijos y formar familias, privilegiando una forma de vida egoísta, irresponsable y hedonista, promovida desde el Primer Mundo, con el solo objeto de controlar nuestro crecimiento demográfico, la preservación de nuestros recursos naturales y el cobro de sus créditos.
No veo cómo estos Programas disminuirían la morbimortalidad materno infantil. Más bien, evitarían embarazos y nacimientos.
La morbimortalidad se reduce facilitando el acceso a mejores condiciones de salud integral (y no fragmentada en salud reproductiva solamente), transporte, vivienda, y trabajo. No se reduce evitando que nazca gente.
Estos Proyectos violan la autoridad de los padres en los temas de educación sexual y procreación, aludiendo irrespetuosamente, como la había hecho el Anexo más arriba citado en su página l3 que: LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CONSTITUYEN UN MATERIAL AL QUE TODAVIA NO ALCANZA LOS CONDICIONAMIENTOS NEGATIVOS DE LOS ADULTOS QUE ORIGINAN RESISTENCIA AL CAMBIO.
Los niños y adolescentes son sujetos de derecho, que deben estar bajo la autoridad paterna hasta que la mayoría de edad, y cuando no hay padres, el Estado debe facilitarles el acceso a otra familia o proveer a su cuidado.
La Convención de los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, por expresa reserva, deja al ámbito familiar, la educación sexual de los hijos. Ninguna autoridad estatal podría interferir en este tema.
En cuanto a la "planificación familiar voluntaria". Por imperio de la citada Convención de los Derechos del Niño, la planificación familiar es voluntaria y queda reservada a la familia, quien decide el espaciamiento y número de hijos que desea tener. Y en cuanto a "responsable", ¿puede un Gobierno determinar cuándo la planificación familiar es responsable o no? ¿Cuáles serán los parámetros para evaluarla? ¿Qué funcionario determinará quién debe y quién no debe tener hijos? ¿A quién y con qué métodos se les recomendará no procrear? ¿Se comenzará con los pobres, se seguirá con aquellos que tienen posibilidad de transmitir enfermedades, con aquellos de diferente raza o color, religión, nacionalidad, etc.?
Se alude engañosamente al hecho de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, a través del suministro de anticonceptivos.
Por más anticonceptivos que use una persona, si su conducta relacional no es ejercida responsablemente, igualmente se contagiará enfermedades. La prevención necesita educación.
Ninguna educación puede funcionar alejada del valor de la vida y de la familia. ¿Pensará el legislador que con la entrega de un preservativo o de una caja de anticonceptivos ya cumplió con su función preventiva?.
Con anticonceptivos a discreción y una conducta sexual irresponsable, el porcentaje de enfermos de SIDA y otras ETS se duplicará en poco tiempo.
No entiendo cómo se fomenta la idea de una decisión procreativa libre cuando las autoridades sanitarias deberán “realizar el seguimiento y cumplimiento efectivo de los Programas” a través de la confección de rigurosas Historias Clínicas.
Confeccionarla solamente, tomaría más de 3 horas. Recordemos que a muchos pacientes con diversas patologías, se los atiende en menos de 7 minutos.
Este modelo de Historia Clínica violaría el derecho a la intimidad de los pacientes, ya que, tal como lo había previsto el mentado Anexo, debería ir a un Registro Central de Control, donde se centralizaría toda la información sobre anticoncepción de las diferentes zonas del país. El paciente debería proveer su domicilio de residencia, su domicilio postal, su teléfono, estado civil, escolaridad, ocupación, riesgos sociales (adicción, madre sola, violencia familiar, etc.), antecedentes familiares, generales patológicos, obstétricos, ginecológicos, menstruación, frecuencia del coito, métodos anticonceptivos anteriores, resultado del exámen clínicoginecológico, etc.).
¿Los aludidos riesgos sociales serían minimizados?. ¿O se seguiría atacando al paciente en lugar de la patología?
Desearía que todos estos controles se realizaran en mujeres que desean embarazarse, neonatos y escolares, para asegurar su efectivo derecho a la salud.
Muchas madres salen con sus bebés en brazos de los hospitales, sin vacunas, sin identificación, sin documentos, sin ropa, y nadie se ocupa más de ellas, salvo para que no tengan más hijos.
Seguramente deberían consignarse en la Historia Clínica las causas del abandono de los Programas, y evaluar la satisfacción del usuario. ¿A quién le preguntan, al salir de un centro de salud público, si lo atendieron bien y si se va conforme?.
No funciona aún un Registro Centralizado para identificar recién nacidos y evitar su tráfico, pero para implementar Programas de Procreación Responsable, dispondríamos del más avanzado software provisto por Estados Unidos.
Una democracia y un país donde no hay gente, no se conciben con una planificación familiar "recomendada en estos términos", casi obligatoria y compulsiva.
¿Serían los pobres el pato de la boda? ¿Se obligaría a través de "asesoramientos intencionados" evitar que los pobres tengan hijos? ¿De qué libertad estamos hablando?
¿Qué papel jugarían los INFORMANTES CLAVES de la comunidad en las encuestas que se hagan en honor a estos Programas?
La mujer argentina reclama ser tratada con dignidad, y necesita leyes para asegurar el disfrute del embarazo, para ayudar a la que quiere tener hijos y debe trabajar, a la que debe atender hijos discapacitados, a la madre discapacitada que debe trabajar y atender su hogar, a la anciana que necesita cuidados especiales, a la madre abandonada o carenciada, a la que no reniega de su condición de madre y esposa y del placer de formar una familia.
La madre argentina pide acceso irrestricto a los servicios de salud integral (y no sólo reproductiva), antes, durante y después del parto, para ella y para su familia; pide reducción en el precio de pañales, leche, medicamentos, escolaridad, pide documentación gratuita, etc.
Pide mayor calidad y humanidad en la atención de los partos, donde lamentablemente muchas mujeres siguen padeciendo la falta de sensibilidad médica.
Proyectos como estos sólo tratan de introducir en la legislación local, las propuestas antinatalistas del Primer Mundo, a través de los organismos y agencias internacionales, tales como: la Federación Internacional de Planificación Familiar, la Family Care, la John Hopkins University, el Hasting Center, la OMS, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros tantos que pretenden imponernos la disminución del crecimiento demográfico en forma compulsiva, en atención de sus propios intereses recaudatorios.
En el "primer mundo" la natalidad disminuyó debido al mejoramiento de la "calidad de vida". El desarrollo económico inclinó a la gente a no tener niños. La gente entonces prefirió disfrutar de la vida sin el compromiso de los hijos. En los países en desarrollo y subdesarrollados (la parte pobre de la humanidad) se pretende reducir los nacimientos sin promover el desarrollo, porque el dinero para el desarrollo no llega nunca. Sólo se ofrece ayuda para suministrar anticonceptivos, abortar o esterilizar, porque en el gran mapa demográfico mundial, somos, junto con muchos otros países, ciudadanos de segunda, a los que hay que acabar, lenta, pero decididamente.
Algunas organizaciones no gubernamentales trabajan en conjunto con estos organismos internacionales desarrollando planes de "maternidad sin riesgo", cuyo único objetivo es disminuir los nacimientos, no asegurar el derecho a la salud de las mujeres y niños. Estas ONGs promueven la sanción de leyes como las que estamos tratando.
El sistema sanitario argentino no puede ponerse a disposición de tratar como una patología al estado saludable de las personas, que es la fertilidad. La mujer necesita ovular todos los meses.
Suministrándole anticonceptivos, vive en una forma patológica. Esto trae consecuencias inimaginables en la salud física y síquica de las personas.
La infertilidad es la patología, y no lo contrario. No pueden desviarse fondos necesarios para atender y promover la salud, orientándolos a evitar embarazos, nacimientos y enfermar a la gente y la familia, cuyas enfermedades, después el mismo Estado no atiende.
¿Quién resarcirá los daños y perjuicios en la salud de las personas que accedan a métodos anticonceptivos suministrados por el Estado “gratuitamente” (que pagamos todos) y los juicios de mala praxis? EL PUEBLO ARGENTINO.
Necesitamos leyes que permitan nuestro desarrollo, sin hipotecar la familia, ni los hijos, leyes que permitan crecer a nuestro país. Confío en que la reflexión sobre este penoso tema se haga un lugar en los ámbitos legislativos.
Dra. Liliana A.Matozzo de Romualdi
Presidente de la Fundación Proa a la Vida