La sala “L” de la Cámara Civil revocó ayer un fallo de primera instancia en el que se había rechazado un amparo que pedía la inconstitucionalidad de la todavía flamante y polémica Ley local de Salud Reproductiva y Procreación Responsable al considerar que es violatoria de los derechos a la vida, a la salud, a la objeción de conciencia y a la patria potestad.
En una resolución unánime, el tribunal integrado por Jorge Giardulli, Emilio Pascual y Judith Lozano decidió que el recurso interpuesto por los abogados porteños Carlos Esteva, Roberto Castellano y Eduardo Sequeiros, todos padres de hijos menores, era procedente y dispuso que continúe el trámite, aunque separó de la causa al juez César Cozzi Gainza (juzgado civil número 73), que en la primera instancia había opinado sobre el fondo de la cuestión.
Los tres abogados piden que la ley no les sea aplicada ni a ellos ni a sus hijos porque “vulnera garantías constitucionales al promover fármacos o elementos abortivos como la llamada ´píldora del día después´ o el DIU”. De todas formas, luego de un más que acalorado debate durante la sanción de la norma, la Legislatura porteña decidió agregar la frase “no abortivos” en un párrafo de la ley en el que se enumeran los distintos métodos anticonceptivos que los médicos deberán recomendar según el deseo y la salud de cada paciente.
Según los actores, la ley afectaría también el derecho a la salud “al prescribir anticonceptivos hormonales de probada evidencia cancerígena”, e impediría el derecho a la patria potestad “al establecer un nuevo sujeto de derecho, ´la persona de edad fértil´, que sin autorización de los padres podría ser esterilizada”.
Estas opiniones casi apocalípticas de Esteva, Castellano y Sequeiros respecto de la ley, que está a la altura de la legislación de varios países desarrollados, fueron rebatidas por asesores de la diputada porteña alianciasta Clori Yelicic, impulsora de la norma y presidente de la Comisión de Salud. Desde al Legislatura aseguran que la ley es totalmente acorde a las constituciones local y nacional y que un doctrinario de la talla de Germán Bidart Campos lo ha refrendado a través de dos artículos: “Salud reproductiva y derechos reproductivos” y “Patria potestad y autonomía personal de los hijos”.
De todas formas este no es el único intento por anular desde el punto de vista judicial la Ley de Salud Reproductiva, aprobada el 22 de junio último. Una acción declarativa de inconstitucionalidad ha sido interpuesta ante el Tribunal Superior de la Ciudad y fue considerada admisible desde el punto de vista procesal, y trasladada a la procuración.
“No aceptamos que con nuestros impuestos se nos impongan políticas morales que nadie ha pedido a los legisladores y que tienen por finalidad última establecer un colonialismo biológico o demográfico en beneficio de intereses extranacionales”, sostuvieron los abogados, que aseguran que su postura está apoyada por más de trescientos obispos, por asociaciones de padres, por distintos grupos Pro-Vida y por la Liga de Amas de Casa que encabeza Lita de Lázari.