La causa, que fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Jorge Urso, fue iniciada por el abogado Eduardo Barcesat, quien también denunció por refrendar el decreto al Jefe de Gabinete, Christian Colombo.
Según la denuncia, Loiácono habría participado de “un hecho de fuerza contra la observancia a la supremacía constitucional” y, tal como lo indica el nuevo artículo 36 incorporado en 1994 a la Carta Magna, dicha conducta inhabilita a perpetuidad a su autor a ejercer la función pública. Además, aunque Barcesat aclara expresamente que no pretende incriminar a Loiácono, agrega que “según el artículo 29 del texto constitucional debería ser calificado como un infame traidor a la patria”.
La presunta comisión del delito por parte de De la Rúa y Colombo está fundada en que para el abogado denunciante “es harto evidente que el secretario Legal y Técnico no puede alcanzar nunca los requisitos de idoneidad para el ejercicio de la función pública”, lo que configuraría la violación de los deberes de los dos funcionarios.