La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió a la justicia que se certifique con los elementos reunidos en el expediente por la voladura de la AMIA, las denuncias formuladas por el cuestionado ex funcionario del juzgado a cargo de la causa, Claudio Lifchitz, las que originaron una investigación paralela por presuntos delitos que habrían obstaculizado el trámite de la investigación.
En una extensa presentación formulada por la abogada de la entidad, Marta Nercellas, se deja constancia que fueron sus representantes "los primeros denunciantes sobre presuntos quehaceres dirigidos a perjudicar la investigación", pero advirtieron también que en la causa "se colectaron elementos probatorios serios que nos permitieron solicitar la elevación a juicio de un segmento de los que constituye el iter criminis del macabro hecho perpetrado".
Nercellas recordó que durante la anterior gestión de Ricardo Gil Lavedra al frente de la cartera de Justicia, el funcionario había ordenado que se investigaran las denuncias formuladas por Lifchitz y "en cuanto tuvimos conocimiento de la radicación de la investigación, no dudamos en presentarnos como querellantes, ya que, cualquier actividad que hubiera perjudicado directa o indirectamente la búsqueda de la verdad, nos agraviaba".
Estas consideraciones previas están contenidas en la presentación que la DAIA formuló ante la fiscalía federal a cargo de Carlos Cearras, quien impulsa la investigación de las presuntas irregularidades denunciadas por el ex funcionario ante el juzgado a cargo de Claudio Bonadío.
Nercellas dejó en claro que la entidad se presentó como querellante para que se investigaran -siempre en base a los dichos Lifchitz- "verdaderos delitos", aunque no dejó de llamarles la atención que éste "manifestaba conocerlos por haber participado activamente en ellos, lo que determinaría su calidad de participe necesario, al menos, en las actividades ilícitas que definía".
También deja en claro que un hermano de Lifchitz figura en la agenda secuestrada a Carlos Alberto Telleldín, el reducidor de autos robados que el año próximo será juzgado por su responsabilidad en la voladura de la AMIA.
A partir de allí, Nercellas revisó las actuaciones en base a los dichos de Lifchitz, cuando aseguró que "... no existía, a un año del atentado, ningún tipo de análisis ni el más mínimo, de las agendas pertenecientes a los distintos sospechosos vinculados en forma directa a la vinculación de la causa AMIA", lo que atribuyó a "un hecho adrede".
La letrada de la querella descargó toda una artillería contra esas afirmaciones y le reclamó a Cearras que se constituya en el juzgado federal 9, a cargo de Juan José Galeano, para solicitar del expediente las ordenes impartidas al al POC. para que remita agendas, disquetes, cassettes de videos y rollos fotográficos secuestrados en el domicilio de Carlos Alberto Telledín, a fin de remitirlos a la SIDE para que se realice el correspondiente análisis.
También destacó que del análisis de la agenda de Carlos Telleldín se pudo observar que "éste tenía el teléfono de la esposa del hermano de Claudio Lifchitz, Jorge Lifchitz, con un agregado que dice “dueño del negocio”.