Tal como lo había adelantado Diariojudicial.com, el conflicto estalló con la decisión del titular de Justicia, Jorge de la Rúa, de anular los pagos de incentivos, que son un plus salarial financiado por sumas aportadas por entes como los registros de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios o del Derecho de Autor, entre otros.
El hermano del presidente tomó la medida con la llegada del efímero ministro de Economía Ricardo López Murphy, aunque siguiendo con una presión de larga data por parte de esa cartera y que, según las fuentes consultadas, daba razones “para que se tiraran contra Justicia”, basándose en un gasto que desde Economía “era observado como un despropósito. Parecía que Justicia era la Isla de la Fantasía”.
El recorte afectó a los empleados de mayor jerarquía, los A y B en el escalafón, aunque el rumor sobre el despido masivo de contratados y de recortes en otras categorías provocó un paro de actividades de alto acatamiento convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desde el viernes 16 al lunes siguiente.
El “reordenamiento” es llevado a cabo por Alberto Assisa, subsecretario de Coordinación del Ministerio, que está estudiando cómo mantener el recorte y al mismo tiempo evitar el éxodo de funcionarios de alto nivel que, con la poda salarial, estarían resignando en algunos casos el 65 por ciento del salario que ganarían en el sector privado y, según explicó al comenzar el conflicto un alto funcionario a este medio, “acá trabajan abogados que en el sector privado valen 6 mil pesos, que ganaban 3 mil, y ahora pasan a percibir 1100. El patriotismo se acaba ante necesidades prácticas”.
Aunque desde la cartera aseguran que la decisión del ministro tiene alcance general sobre cerca de mil empleados, al mismo tiempo se deja trascender que los incentivos no van a ser eliminados del todo, y la palabra que vuelve a utilizarse es “orden”, mientras que la frase que más suena es “el capítulo no está cerrado”.
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