Defensa de sus integrantes realizó el Defensor General Miguel Angel Romero ante la Cámara de Casación Penal, luego de su periplo europeo. El funcionario que comparte la conducción del ministerio Público Fiscal hizo notar las dificultades por las que atraviesan los magistrados de su dependencia al tener que trabajar en inapropiadas condiciones de infraestructrura y apoyo lógistico. Si bien Romero ya había expuesto estas dificultades, presidentes de Tribunales Orales se habían quejado por los problemas funcionales que se presentan cuando se tiene que subrogar a un defensor oficial -un cargo que está siendo sacado del anonimato por Romero para ponerlo en el mismo nivel de ponderación que los fiscales pese a que debe luchar contra una feroz burocracia interna y externa- en los juicios que llegan a esos estrados. Romero sostiene que desde 1998 se encuentra en el Congreso un proyecto de ley para equiparar la diferencia númerica entre la Defensoría y la Procuración. Además la coberturas de las vacantes que exijen esos tribunales orales fueron solicitadas al Poder Ejecutivo pero áun no existe respuesta. En coincidencia con lo expuesto por los titulares de los Tribunales Orales 8, 15, 19 y 20, Romero le dice a Esteban Riggi -presidente de la Casación- que desde esa Defensoría ya se tenía previsto convocar al Colegio Público de Abogados porteño para que se designen defensores subrogantes desde esa entidad de acuerdo a lo estipulado por la ley orgánica de la Defensoría General de la Nación.
hugo morales / dju
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