Rodolfo Gramont, beneficiario del PAMI, ya trasplantado en el pasado, fue presentado ante el tribunal como una persona “sumamente carenciada en el plano económico, y sin vínculos familiares”, según informó a Diariojudicial.com su abogado, Carlos José Díaz.
Ante una supuesta falta de atención brindada por el PAMI respecto de sus dificultades hepáticas y renales, el afiliado interpuso una acción de amparo que el juez Torti concedió con rapidez, por lo que fue internado en el Hospital Argerich, donde se encuentra actualmente.
Posteriormente, se solicitó la ampliación de la medida cautelar alegando que el Instituto Nacional de Seguridad Social Jubilaciones y Pensiones (INSSPJ) no le está proporcionando la medicación que le recetaron, que también fue concedida y cumplida por el PAMI. Sin embargo, en una segunda ampliación en la que se solicitó, también por pedido de los médicos, la asistencia de un acompañante terapéutico en momentos previos al doble trasplante al que se debe someter, la obra social de los jubilados hizo caso omiso.
El día 10 de este mes, el PAMI fue notificado de la medida cautelar con un plazo de 24 horas para adoptar los recaudos solicitados. Sin embargo, no cumplió con la orden de la Justicia y hoy volvió a ser notificado por orden del juez.
Según Díaz, de mantenerse el incumplimiento, pedirá el traslado de la causa a la Justicia penal, reclamando que se investigue si los responsables incurrieron en los delitos de abandono de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a la orden del juez.