Dahl Rocha pidió también al juez federal Rodolfo Canicoba Corral la indagatoria del ex titular del Instituto Nacional del Agua (INA), Mario del Marco Naon, y de otros ex funcionarios, a quienes imputó los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario publico.
Entre otros, también pidió que sea convocado Juan Manuel Collazo, ex director del Comité Ejecutor "Matanza-Riachuelo", el organismo que tenía a su cargo llevar adelante tareas de saneamiento de ese curso, así como también de Álvaro Sánchez Granel, Carlos Alberto Gómez, Olga Silvina Cáceres y Jorge Durán, funcionarios de entes encargados de esas tareas.
El fiscal le imputó a Alsogaray y a los otros ex funcionarios haber efectuado contrataciones, por un valor estimado en unos seis millones de dólares, entre el Comité, el INA y la firma Ezcurra y Smith.
Los proyectos investigados, si bien se llevaron a cabo, en los hechos se comprobó que eran "técnica y económicamente inviables".
El fiscal subrayó que "de esa manera el Estado terminó abonando inútilmente esa suma de dinero en intentos de saneamiento del Riachuelo con proyectos que nunca hubieran tenido viabilidad y que, ni siquiera, estaban avalados por el Plan de Gestión Ambiental".
Estas investigaciones son un desprendimiento de la causa originaria en la que se procesó a De Marco Naon en orden al delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", medida que luego fue ratificada por la Cámara Federal.