Sin embargo, tras su visita de hoy a la Cámara Federal en lo Civil y Comercial en el Palacio de Tribunales, De la Rúa aclaró que respeta la opinión de Casación de que tiene que existir una norma legal expresa y se negó a ampliar su apreciación al considerar que de hacerlo “estaría vulnerando la independencia de poderes del Estado”.
Además indicó que la postura del ministerio, al sumarse la dura oposición parlamentaria del justicialismo “se está examinando, está a la expectativa”. El ministro aseguró que “se están buscando alternativas porque lo que tiene claro el Estado es que tiene que cumplir con la recomendación de la Comisión Interamericana”.
El ministro asistió a la reunión, que consideró “muy positiva” y que duró cerca de una hora, con el secretario de Justicia, Melchor Cruchaga. Allí se encontró con los camaristas Eugenio Bulygin, Martín Diego Farell, Francisco de las Carreras, Eduardo Vocos Conesa, Mariana Mariani de Vidal y Octavio Amadeo. De la Rúa contó que los jueces no le hicieron grandes pedidos y que a pesar de que hay tres camaristas sin designar, “no hay problemas urgentes en el funcionamiento”.
Respecto del acuerdo firmado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para comenzar con el traspaso a la órbita local de ciertos delitos menores como el de tenencia de armas para uso civil, el ministro dijo que su busca “evitar una diversidad de competencias y así constituir un punto de partida en el proceso de traslado, que tiene que ser consensuado y gradual”.
Sin dudas uno de los temas más urticantes en la transferencia es la opinión de los jueces, que en principio no verían con buenos ojos dejar de ser “nacionales” para ser “autonómicos”. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia dicen que con las sucesivas visitas a las distintas cámaras se está planificando “una mesa de acuerdo” en busca del consenso.
Precisamente De la Rúa recalcó el status de los magistrados al aclarar que “hay una regla absoluta, los jueces nacionales y federales tienen una situación constitucional que no puede ser modificada salvo acuerdos o consensos, lo que implica un examen gradual, con el acuerdo de los propios jueces en el caso de pasar a la órbita de la Ciudad”.
En cuanto a la próxima aprobación del presupuesto en el Congreso Nacional, el ministro se refirió a la porción que le tocará a la Justicia nacional. “Ha habido un acuerdo con la Corte y con el Consejo de la Magistratura, y en el marco del ajuste y el equilibrio de las cuentas no hay cuestiones de fondo”, aunque a punto seguido reconoció que sí existe cierta controversia “en la falta de recursos para cambiar los jueces de ejecución a fiscales en materia tributaria”.