Al entregar el pedido a los camaristas Pedro David, Raúl Madueño y Wagner Mitchell a primera hora de la mañana, Marcer además les solicitó que resolvieran la cuestión “con celeridad”, teniendo en cuenta la delicada situación de salud de los presos en huelga de hambre hace casi cien días y la presión internacional para que el Estado argentino cumpla con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de respetar la revisión de la condena como lo establece el llamado Pacto de San José de Costa Rica.
En el Ministerio de Justicia cayeron como un balde de agua fría las declaraciones del presidente de la Corte, Julio Nazareno, desde Bariloche, donde participaba de la reunión de consejos de la magistratura de las distintas jurisdicciones. Allí, Nazareno dijo que la cuestión de Tablada era política y no jurídica, y dejó como mensaje un virtual cansancio de que la Corte tuviera que resolver lo que los otros poderes no están dispuestos a negociar.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, aseguró hoy a Diariojudicial.com que a través de sus opiniones a la prensa, el presidente de la Corte “está prejuzgando públicamente intentando buscar su propia recusación” en consonancia “con su pertenencia política al Partido Justicialista”.
Precisamente, fue el bloque peronista de Diputados el que dio el último golpe al Gobierno el pasado jueves cuando se negó a tratar en sesiones extraordinarias el proyecto de ley para dar una segunda instancia, que establece la revisión ante un pedido de un organismo internacional en protección del cumplimiento de un tratado.
“No comparto que se trate de un tema político, sino que está en un marco estrictamente jurídico. Además, siendo la Corte el poder de constitucionalidad suprema es quien tiene que decidir sobre este tema, que es jurídico y justiciable”, opinó Conti. En concordancia con la opinión de la subsecretaria de Derechos Humanos, Melchor Cruchaga, viceministro de Justicia, explicó que la intención del Gobierno es “que todo quede en la Justicia”.
En caso de obtener una resolución desfavorable en el Máximo Tribunal, en la cartera de Justicia aseguran que se está trabajando en el decreto de necesidad y urgencia que sería dictado en subsidio. La tarea de los técnicos es lograr una redacción absolutamente procesal y espantar así el fantasma de inconstitucionalidad que importaría un reglamento en materia penal, expresamente prohibido en la Carta Magna.