Otros funcionarios jerárquicos relacionados con el difunto presidente son investigados en el mismo caso. Entre ellos fue detenido Paul-Loup Sulitzer, un escritor de libros muy vendidos. Antes habían sido interrogados Jacques Attali, ex consejero de François Mitterrand, y el eurodiputado y antiguo prefecto Jean-Charles Marchiani, un hombre próximo al ex ministro del Interior, Charles Pasqua.
La investigación se ha precipitado tras el procesamiento de Pierre Falcone, un empresario que permanece desde hace tres semanas en la cárcel, acusado de venta ilícita de armas, fraude fiscal y tráfico de influencias. Los jueces pretenden determinar cuáles eran sus relaciones con distintas sociedades y personas, entre ellas el hijo de Mitterrand, que actuó como consejero de su padre para asuntos africanos entre 1986 y 1992.
Los magistrados sospechan que Jean-Christophe recibió importantes sumas de dinero para facilitar contratos de armas al régimen del presidente angoleño José Eduardo dos Santos, enfrentado a la rebelión de UNITA. La prueba más fehaciente es que su nombre apareció en unos disquetes encontrados por la policía en la casa de la secretaria de Falcone.
Según informó el diario El País, de España, el empresario habría entregado varios cientos de miles de francos en comisiones, a cambio de los servicios prestados por la red de relaciones trazada por Jean-Christophe Mitterrand durante sus años al frente del grupo de trabajo para África en el Gobierno francés.
El abogado de Mitterrand dijo que recurrirá hoy el auto de prisión y calificó de “irregularidad” que su cliente hubiera permanecido ocho horas en los locales de la Brigada Financiera de la policía, antes de pasar a disposición judicial.
Los disquetes de Pierre Falcone revelan igualmente que el vendedor de armas habría entregado 100 mil francos (14 mil pesos) en 1997 a la Asociación Profesional de Magistrados, de tendencia conservadora. La sociedad Brenco International suscribió 25 abonos bianuales a la revista editada por el sindicato de magistrados, suma que representaba “una cuarta parte del presupuesto del sindicato”, según reconoce su ex presidente, Georges Fenech, que asegura que buscaban que la revista se difundiera más ampliamente “y no sólo entre magistrados”, y por eso propusieron a empresas e instituciones los abonos de apoyo.