El juicio tendrá su segunda y quizás última audiencia el próximo viernes. De resultar la sentencia condenatoria, el hombre que fue mano derecha de Ramón Camps quedará detenido sin el beneficio de la excarcelación porque está cumpliendo una condena en suspenso por una querella que le inició el diputado socialista Alfredo Bravo, que sufrió sus torturas físicas y psicológicas en la década del 70 y las verbales en la del noventa durante un programa de Mariano Grondona en el que se vieron enfrentados.
Ante el tribunal correccional unipersonal de Omar Facciuto, Etchecolatz dijo que sacó su arma para defenderse de la agresión del los jóvenes, a los que trató de “imberbes" y “delincuentes”. Tras el llamado de atención del juez que cuestionó sus expresiones, el ex subjefe policial, quien fuera reconocido por sus habilidades para torturar, se retractó y se refirió burlonamente hacia los jóvenes como esos “chicos bien educados”.
Etchecolatz fue procesado y puesto en prisión preventiva al comenzar los juicios contra la represión militar al retornar la democracia en 1983, pero la ley de Obediencia Debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsín –que ya fue anulada en el caso Poblete por el juez federal Gabriel Cavallo- provocó que fuera dejado en libertad.
Por su parte, el querellante Fernando Cóppola relató que él junto a unos amigos le expresaron “el repudio que nos provocaba su presencia en la plaza por sus antecedentes de represor” y agregó que el procesado “actuó en forma prepotente y agresiva”, mientras esbozaba “una sonrisa sarcástica”.
Los hechos que dieron origen a esta causa ocurrieron el 9 de enero de 1999, cuando un grupo de chicos al ver a Etchecolatz paseando a su perro en la plaza Monseñor de Andrea, en la Ciudad de Buenos Aires, le gritaron “asesino” y “torturador”.
En su declaración testimonial, Cóppola aseguró que le dijo: “vos no tenés que estar acá porque tendrías que estar en la cárcel”. Según el querellante, representado por los abogados Horacio Ravena y Ernesto Moreau, ambos miembros de la Asociación por los Derechos Humanos (APDH), el ex policía sacó un arma “de una bolsa de supermercado” y les apuntó.
Además mencionó el querellante que el imputado les respondió que “la Justicia me perdonó y tengo derecho de estar acá”.
Por su parte, la defensa de Etchecolatz, a cargo de Adolfo Casabal Elía, pretendió girar la cuestión hacia el terreno de las ideologías, recreando el argumento de dos bandos opuestos que se agreden por sus diferencias de pensamiento.
En tanto la última testigo en declarar, Elvira Muñiz, quien fue asistente social en la Policía Federal durante 21 años, opinó que exhibir un arma es un acto “obsceno” y mencionó que Etchecolatz les tiró un beso a los chicos antes de abandonar la plaza.
Durante la audiencia estuvieron presentes Bravo y las Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora- Nora Cortiñas, Tati Almeida y Aurora Morea. Casabal Elía le solicitó a Facciuto que les ordenara a las Madres quitarse sus representativos pañuelos de la cabeza, por considerarlos un factor de presión, y argumentó que esa misma decisión había sido tomada por la Cámara Federal porteña en 1985 durante el juicio a las juntas.
El magistrado le contestó que en sus 40 años en el Poder Judicial nunca había sido presionado y que tampoco lo harían tres pañuelos. Por otra parte Etchecolatz, durante su declaración, demostró en varias oportunidades que se encontraba molesto por la presencia de Bravo entre el público.