Según anunciaron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la iniciativa apunta a subsanar los graves problemas de identificación que existen en Argentina en áreas penitenciarias y a garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos.
Además, según el acuerdo, podrán tramitar sus documentos todos los presos, independientemente de las circunstancias en las que se encuentren. El fin último de la iniciativa es impulsar una efectiva resocialización, siguiendo la garantía que establece la Constitución Nacional.
En ese mismo camino, desde el regreso de la democracia al país, quienes se encuentran privados de la libertad también tienen la posibilidad de estudiar carreras universitarias a través del plan UBA XX de la Universidad de Buenos Aires, lo que les podría facilitar la reinserción en el mercado productivo una vez cumplidas las condenas.