"El traspaso de la Justicia a la Ciudad de Buenos Aires es inadmisible, no tiene virtualidad ni va a funcionar"
Riéndose a carcajadas dice que hubiese querido ser presidente, aunque sesenta segundos más tarde se desmiente a sí mismo y afirma que la abogacía fue siempre su obsesión. Dr. Luis María Cabral es hijo y sobrino de jueces: su padre inclusive ocupó un lugar en la Corte Suprema. Llegó a la magistratura en 1993, después de 23 años de ejercicio de la profesión, y asegura que se siente cómodo en el lugar en el que está en cada momento. "Como decía El Principito el futuro es inescrutable a los ojos humanos", cita, y asegura que no está seguro de querer ser juez el resto de su vida.
De todas formas, para Cabral, uno de los jueces del tribunal Oral en lo Criminal 9, el poder no deja de ser parte de su vida. Actualmente es vicepresidente segundo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, representante de la lista Blanca, que perdió las elecciones hace un mes, después de una prolongada hegemonía siendo mayoría. Pero en su lugar de político entre los magistrados asegura que volverá, aunque no promete ser millones.
Además Cabral descubre su arista más polémica. Respecto del potencial traspaso de la Justicia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice que es inadmisible. "Los juristas Jorge y Fernando de la Rúa van a advertir que no pueden entrar en pugna con la Constitución", arremete.
También habló de los problemas históricos de fondo del derecho penal y aclaró que no le asustan las despenalizaciones "si llevan a mejores normas de convivencia". Pidió más jueces para el Consejo de la Magistratura y aceptó que le idea del ministro de Justicia bonaerense Jorge Casanovas de reducir la edad de imputabilidad "tiene cierta lógica", aunque aclara que es partidario de que se mantenga un límite.
Diariojudicial.com: ¡Qué revuelos trajo el comienzo del traspaso de la Justicia nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires en la Asociación de Magistrados..!.
Luis María Cabral: Yo no diría que trajo revuelos. La Asociación ha reiterado su posición en cuanto a que constitucionalmente no hay normas que admitan esa posibilidad. Y que sólo puede haber traspaso si la Constitución lo admite. La idea de que la creación de un Poder judicial en la Ciudad Autónoma depende de una ley es un concepto que pugna con la Carta Magna, que es la que establece, justamente, lo poderes del Estado. No se advierte en la Constitución Nacional que un Poder Judicial pleno, con la aplicación de los códigos de fondo esté prevista para Buenos Aires, mientras que sí hay jurisdicción para los tribunales que hacen a la autonomía de su gobierno.
Dju: ¿Lo que les preocupa realmente es este tema constitucional o son otros puntos como las jubilaciones o la jerarquía de los magistrados?
LMC: La jerarquía de los jueces es que son funcionarios de la Constitución, sean provinciales, federales o nacionales. Las condiciones del ejercicio actual que tienen quienes son magistrados nacionales y que pudieran llegar a ser transferidos a la órbita de un Poder Judicial de la Ciudad no me preocupan, porque si se hiciera el cambio de status no tengo dudas de que se haría con garantías, incluyendo las jubilaciones y otros aspectos que van desde la obra social a los sueldos. Me preocupa que mayorías legislativas circunstanciales puedan hacer modificar la justicia de un lugar. Me resulta inadmisible. Todo lo demás siempre sería solucionable. Aunque esto también lo es. Si hay una propuesta política, hay que incorporarla al lugar donde se establecen aquellas que tienen consenso nacional y que se expresan como programa político de toda la Nación.
Dju: ¿Cree que debería convocarse a una Ásamblea Constituyente?
LMC: Si quieren hacer un Poder Judicial para la Ciudad Autónoma creo que sería la única vía.
Dju: Si avanzaran en el proyecto del traspaso sin una reforma constitucional, que es la aparente intención del gobierno...
LMC: El convenio no es una decisión política, sino una declaración -interrumpe Cabral con su respuesta imaginando el resto de la pregunta-. No tiene virtualidad ni va a funcionar.
Dju: Ellos dicen que no tiene virtualidad hasta tanto lo aprueben los órganos legislativos de ambas jurisdicciones.
LMC: Y bueno... El doctor Jorge De la Rúa es un gran jurista, así que su opinión deber ser tenida en cuenta -dice Cabral con un movimiento en su cara que descubre una sonrisa pícara-, pero yo no la comparto.
Dju: ¿Hasta dónde llagará la oposición de la Asociación de Magistrados si la iniciativa avanza? Tendrán alguna estrategia prevista...
LMC: No va a avanzar. Estoy seguro de que en algún momento los juristas que son Jorge y Fernando De la Rúa van a advertir que no pueden entrar en pugna con la Constitución justamente en una tema institucional de tanta gravedad como es el Poder Judicial de la Ciudad más importante del país que, por otra parte, es la cara visible al mundo. Y estarían mostrando una Justicia cuestionada en su propia raíz. Creo que va a hacer reflexionar tanto a los juristas como a los políticos Jorge y Fernando De la Rúa.
Dju: ¿Qué opina de las ideas del ministro de Justicia bonaerense Jorge Casanovas y del gobernador Carlos Ruckauf de bajar la edad de punibilidad o aumentar la cuantía de las penas?
LMC: Son temas discutibles que forman parte del debate del derecho penal y procesal penal de toda la vida, desde Beccaría (Nota de la Redacción: autor de "De los delitos y de las penas") hacia aquí. En principio soy partidario de la existencia de cierta limitación legal en cuanto a la edad de imputabilidad, aunque comprendo lo señalado en cuanto a que hay diferencias según las personas, inclusive hay proyectos de reforma del Código Penal para que los jueces tengan en cuenta al imputado como una persona de imputabilidad disminuida. En ese sentido, lo que señaló Casanovas en cuanto a que cada persona tiene un determinado grado de imputabilidad que debe ser materia de juzgamiento tiene cierta lógica. Sin embargo, soy partidario de que se mantenga un límite, porque así se establece una determinada conducta hacia los menores por parte del Estado y de la sociedad. Y las formas de enfocarlos con la ley penal. Es cierto que la delincuencia juvenil es un problema y trae aparejados otros colaterales, pero creo que sí se puede considerar el agravamiento para ciertas figuras cuando mayores de edad se hacen acompañar de menores en la comisión de delitos. De todas formas, sea cual sea la solución, los menores de 18 años tienen que ser tratados de una manera distinta en cuanto al derecho penal, porque a esto nos obligan también los tratados. Es decir, aún cuando se bajara el límite de imputabilidad de los 16 años, para los menores de 18 el régimen tendrá que ser especial, tanto en la ejecución como en el proceso.
Dju: ¿Son estas propuestas unas formas de lavarse las manos respecto de ciertos temas por parte del Estado?
LMC: Creo que no es la forma de solucionarlos, pero no dudo de las buenas intenciones del ministro Casanovas o del gobernador Ruckauf en cuanto a que creen que serían el mejor remedio. Lo que pasa es que no lo comparto. No creo que sea su pretensión lavarse las manos y no considerarse así responsables de lo que pueda pasar con los menores entregárselos a los jueces.
Dju: Se habló desde la presentación del nuevo tratado de Eugenio Raúl Zaffaroni del nacimiento de un nuevo paradigma en la ciencia penal, que se basa, justamente, en el derecho penal como acotante del poder punitivo. ¿Comparte esa visión?
LMC: El penal es un derecho limitador, de garantías. En este sentido establece una valla al poder, no específicamente al punitivo. En cuanto a las formas de proceder y a los límites a los que puede llegar. De alguna manera los jueces penales les dicen al poder "de aquí no puede avanzar". Sin dudas hay formas que pueden resultar eficientes para la averiguación de los autores de los delitos como los apremios o las torturas, pero lo que establece la ley es que esto no se puede hacer. Y esto que parece una verdad de perogrullo se extiende a muchas otra normas en las que se limitan las formas en las que el poder puede actuar.
Dju: ¿Le preocupa que la justicia penal utilice gran parte de sus esfuerzos en delincuentes de poca monta y no en los denominados peces gordos?
LMC: Me preocupa en general que se piense que esos "delitos de bagatela" tengan el mismo tipo de persecución que pueden tener los delitos graves, los crímenes, porque unifica todo el tratamiento hacia la persona que ha cometido este tipo de infracción legal. Y no todas las infracciones son iguales, por eso me parece bien que se avance hacia una "probation", como se llama acá, aunque en realidad es un instituto que se llama "divertion", que no es más que el sistema de la suspensión del juicio a prueba. Aunque podría haber también otros instrumentos como la verdadera "probation", que sería declarar la responsabilidad penal de una persona en determinado hecho, y luego establecerle ciertas cargas para no imponerle una pena. Me parece que son institutos que se hacen imprescindibles, como ciertas alternativas a la pena, aún cuando haya declaración de responsabilidad penal, porque no todos los casos aparecen como adecuadamente reprochados con la pena de prisión.
Dju: ¿Cree que se podrían ampliar los tipos de penas establecidas en el Código a través de una reforma?
LMC: Sí, hay muchos delitos que a través de una pena de multa quizás tendrían una mejor respuesta que con una pena de prisión. Como por ejemplo algunos delitos económicos entre particulares, generalmente en negocios, como las estafas, los cheques sin fondos. Creo que podrían ser mejor enfocados con penas alternativas y no con la de prisión, que en la inmensa mayoría de los casos es una amenaza en suspenso, que no se cumple, pero que de todas formas estigmatiza a la persona.
Dju: ¿Le asusta que esta postura sea después tildada de despenalizadora?
LMC: No me asusta, pero lo que me preocupa es que muchas veces quienes saben que sería más conveniente dar más adecuadas y amplias respuestas a los problemas penales y a los conflictos en la sociedad, prefieren, para que no los tilden de despenalizadores, que siga un sistema que no sirve, que no da respuestas y que necesariamente lleva a respuestas que no son adecuadas. Hay que poner más esfuerzos y más presupuesto en sistemas como la suspensión del juicio a pruebas y otros alternativos. Realmente no sólo no me asusta, sino que me parece que es propio de ciertas campañas interesadas, vaya a saber uno en qué intereses, o de la ignorancia sobre el tema decir que es despenalizador aplicar una pena alternativa para un reproche penal o establecer sistemas de suspensión del juicio a prueba, que son realmente gravosos. No solamente porque imponen normas y reglas de conducta a la persona que ni siquiera ha sido condenada culpable, sino además por las consecuencias que tiene la posibilidad de un nuevo proceso en el cual las penas serán de ejecución efectiva. Entonces no me parece que sea exactamente una dádiva graciosa. Tampoco me asustan las despenalizaciones si es que llevan a mejores normas de convivencia. Hay que ver cada una de las cosas. Porque muchas veces se habla de una manera general y abstracta: "uno va a poder salir a matar a la calle a matar y no le va a pasar nada". Pero no es esto lo que se está diciendo, y muy por el contrario, muchas veces lo que me preocupa es que pueda haber como forma para que no se cometan delitos un sistema de mayor control policial de la actividad que no es delictiva, pero que podría llegar a constituir un delito. Lo que afectaría por igual a ciudadanos inocentes y honestos, y al que realmente lo está preparando. Es un riesgo que corre la sociedad que prefiere y elige vivir en libertad: dar la posibilidad de que alguien pueda organizar algo que es delictivo. Esta búsqueda de la convivencia muchas veces encuentra escollos y la experiencia va mostrando que algunas cosas son más difíciles. Pero elegir un sistema policial de control previo me parece lo más gravoso, aunque sin dudas, de esa manera se van a llevar a cometer menos delitos.
Dju: Debe hacerse cargo el Estado de esa libertad...
LMC: Sí. En la sociedad del Big Brother (Gran hermano), que no es el programa de televisión sino la extraordinaria novela de George Orwell "1984" era muy difícil cometer delitos, pero también era muy difícil hacer el amor en la intimidad.
Dju: Se está dando en el Consejo de la Magistratura un debate acerca de si los jueces deben o no integrar la Comisión de Acusación, ¿Por qué postura se inclina?
LMC: Creo que deben estar los jueces en Acusación, porque si el concepto de Consejo de la Magistratura es que distintos estamentos como son el Poder Legislativo, el Judicial y los abogados estén representados, no advierto porqué no incluir la presencia de jueces. Sobre todo teniendo en cuenta que luego necesariamente las causas deberán pasar por el plenario, donde también hay jueces. Entonces hasta resulta conveniente que desde el vamos estos tres estamentos estén representados allí, sin perjuicio de que en nuestro país hubo un sistema (con la vigencia de la Constitución de 1853) en el cual los jueces no formaban parte del órgano de la acusación. Pero en este caso lo forman, y creo que si bien en el primer momento los jueces no estuvieron por peso histórico político aparecía como algo que no era imprescindible. Hoy todos los sectores están convencidos de que la participación de los jueces es lo conveniente.
Dju: Hay quienes proponen además que los consejeros jueces tomen licencias para estar en el Consejo, porque no se pueden realizar ambas funciones correctamente...
LMC: Creo que es realmente razonable, porque el trabajo en el Consejo es full time, que lleva todo el tiempo. En este sentido, hay jueces que tienen que estar atendiendo mal o parcialmente sus actividades jurisdiccionales. Y esto debería llevar a otras reformas, y más allá de que soy partidario de mayor participación judicial en el Consejo, por lo menos tendría que haber un juez más, que debería ser un camarista federal del interior. Así habrían dos camaristas de la Capital, uno del interior, un juez de primera instancia de la Capital y uno del interior. Además, si hubiese licencia no tendría que haber reelección, porque cuatro años (en dos períodos de dos años) ya es un periodo en el cual si una persona se alejase de la jurisdicción dejaría de ser juez.
Dju: Quizás habría además que establecer una remuneración para los consejeros jueces.
LMC: Tienen el sueldo de los camaristas, aún los que son jueces de primera instancia.
Dju: Pero es un sueldo para dos trabajos.
LMC: Efectivamente, y lo mismo sucede con los legisladores, aunque no han tenido la más intensa participación.
Dju: Es un lugar común decir que la justicia está desprestigiada. ¿Qué sentimientos le provoca cuando escucha este tipo de comentarios en la calle o en algún medio de comunicación?
LMC: Cuando se dice que la Justicia está desprestigiada se apunta a describir un hecho objetivo. Lo que hay que ver es si ese desprestigio realmente se corresponde con la realidad de la Justicia. Realmente no comparto esta opinión, creo que no hay una correspondencia. La justicia cumple una tarea ímproba con muy deficientes instrumentos, porque no ha tenido reformas que le hayan permitido modernizarse. Después aparecen las personas que -porque les gustan las tablas y son adictas a las intervenciones mediáticas, o porque las causas que llevan provocan interés y el acoso de los periodistas- ponen una cara frente al ciudadano que no se ajusta a lo que uno espera del juez. Aparecen muchas veces como si formasen parte de la noticia y no como juzgadores de un hecho. Esto nos preocupa a los jueces en la Asociación.
Dju: ¿Hacen milagros los jueces con los presupuestos que existen?
LMC: Yo no hablaría de milagros, más bien diría que trabajan mucho -dice con otra vez con una sonrisa terrenal-. Creo que hay muchos jueces que juntan a su dedicación la pasión por lo que hacen, y por eso lo hacen bien, aunque de todo acto judicial se puede opinar, pero es propio de que no somos máquinas, sino personas.
Dju: ¿Qué haría si le duplicaran el presupuesto en su tribunal?
LMC: Necesitaría los números en las manos. Tanto la Corte como el Consejo han establecido presupuestos sustancialmente más altos a los aprobados y recortados por el Ejecutivo. Un Poder Judicial donde existen más de 1400 meritorios, más los que tiene el Ministerio Público, da cuenta de que por lo menos personal se necesita. Hay muchos tribunales que no tienen computadoras, que forma parte de una inversión necesaria, pero parece que primero hay que hacer unos recortes. Tengo un ejemplo cercano: los Tribunales orales tienen una norma que establece el aislamiento de los testigos durante la audiencia de debate, y ningún tribunal tiene una sala adecuada para esto, lo hacen en sus oficinas.
Dju: Su colega Mario Gustavo Costas dijo en el último reportaje publicado en Diariojudicial.com que los jueces en general tienen una concepción conservadora y que cada vez están más alejados de la realidad, ¿comparte esa visión?
LMC: Yo diría que los jueces siempre han tenido una visión conservadora, y que cada vez la tienen menos. Sin embargo, señalo que es cierto que al tener el parámetro de una ley que es estática están obligados a cierto papel conservador. A veces es necesario que las leyes cambien más rápido o que los jueces -no en materia penal- tengan en cuenta más el peso de la tradición o de las costumbres, admitido en el Código Civil (artículo 17).
Dju: ¿Por qué dice que son cada vez menos conservadores?
LMC: Porque creo que el juez ha estado ubicado en un lugar socialmente más alejado, y hoy en día esto no lo advierto. Está más cerca del justiciable, está más empapado de las realidades. Y ojalá lo esté más, porque creo que el juez tiene que conocer la realidad social en la cual juzga.
Dju: ¿Qué conclusiones sacaría del proceso electoral en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación?
LMC: Primero que todo, el hecho de que hayamos perdido en la lista que siempre representó a la mayoría (lista Blanca) es demostrativo de que ha habido cambios. Creo que no son sustancialmente de los magistrados, sino de los funcionarios, quienes tienen preocupaciones y expectativas muy particulares en todo el proceso de designación de jueces y han creído que otra opción presentaba más adecuadas posibilidades. Pero ahora el proceso electoral ha concluido y la Asociación va a actuar en conjunto, y cuando continúe la campaña la lista Blanca volverá a ganar -dice poniéndose el traje de político de raza.
Dju: Qué seguro que está...
LMC: Sí.
Dju: ¿Cómo van a hacer?
LMC: Espero que los funcionarios que han creído que había otros que los representaban mejor, vean que quienes realmente los representan mejor son los blancos -Y vuelve Cabral a exhibir su sonrisa detrás de la pequeña mesa con paño verde que parece de truco pero que suele ser el escenario de los acuerdos con sus colegas de Tribunal-.
Dju: Antes hablaba de la despenalización, ¿qué opina de la iniciativa del Gobierno uruguayo de no penar el consumo de drogas?
LMC: No es lo que entendí de la declaración del presidente Battle. Interpreté que él proponía que se discutiera la posibilidad de avanzar en la despenalización del consumo de drogas como forma de combatir el narcotráfico. Siendo sincero, creo que es una posibilidad si lo hacen los grandes países que tienen el control mundial. De lo contrario un pequeño país se va a convertir en un paraíso de adictos, pero no va a solucionar el problema del narcotráfico.
Dju: Desde un punto de vista personal y teórico, ¿está de acuerdo con la despenalización?
LMC: Por principio creo que la persona que consume no puede ser penado. Lo que se pena es la tenencia, que puede repercutir en terceros. Uno puede decir que es una manera de penalizar al consumidor, y es cierto, por eso está la alternativa del tratamiento. Pero no me parece que la penalización del consumidor sea una alternativa a las consecuencias del consumo, de ninguna manera. Creo que merece el tratamiento de un adicto, de un enfermo, de la misma manera que al alcohólico, que a nadie se le ocurre sancionarlo con una pena de prisión. El otro problema es de qué manera combatir el narcotráfico sin llegar a todos los puntos de la cadena, y en este sentido abarcar también al consumidor.