Entre los casos más absurdos está la entrega a la provincia de Buenos Aires en enero de 1999 de aportes por 75 mil pesos para costear el Premio Internacional de Off Shore, realizado en Mar del Plata, a los que se sumaron 250 mil más bajo el mismo concepto diez meses después. Otros de los usos que se les dio a los ATN son la construcción de los escenarios de los corsos del carnaval de Gualeguaychú, Entre Ríos, y la Fiesta de los Estudiantes en la provincia de Jujuy.
El estudio comenzó en la Dirección de Transparencia de la OA y ya habría pasado a la de Investigaciones. Curiosamente, la mayor preocupación estaría en que los recursos habrían sido utilizados para beneficiar a las provincias del mismo signo político que el gobierno nacional de turno, cuyo Ministerio del Interior es el encargado de distribuir casi sin restricciones los fondos. Inclusive se estarían investigando denuncias de aportes asignados para favorecer a distintas empresas, lo que además implicaría la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los responsables de la distribución.
Por otra parte propio ex presidente Menem presentó ayer una denuncia contra la OA, a la que definió como “oficina represora que se encarga de perseguir a muchos dirigentes justicialistas con falsas denuncias”, y acusó a los miembros del organismo que encabeza José Massoni por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. También María Julia Alsogaray presentó anteriormente una querella similar: ambas recayeron en el juzgado de Adolfo Bagnasco.
En su inciso 9 del artículo 75, la Constitución Nacional establece que es el Congreso Nacional el encargado de “acordar los subsidios del tesoro nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir gastos ordinarios”. Siguiendo el mandato de los constituyentes, la ley de Coparticipación Federal de Impuestos creó los ATN para “atender situaciones de emergencias y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”, que además establece que es la cartera de Interior la encargada de su asignación.
Los aportes se componen del 1 por ciento de los impuestos cooparticipables, el 2 por ciento del impuesto a las ganancias y el 1 del de bienes personales. La ley que regula el fondo, que en 1999 alcanzó los 408 millones de pesos, deja amplia discreción en puntos clave, como la falta de definición de las situaciones de emergencia y de desequilibrios financieros a los que se refiere la norma.
Uno de los temas más trascendentes que estaría estudiando la OA es ampliar a los municipios la posibilidad de recibir los fondos directamente, posición de privilegio que actualmente ocupan las provincias. Se estima que la intermediación de las gobernaciones sería uno de los generadores de ineficiencia y costos adicionales.
El monopolio de la administración de los ATN en manos de las provincias, mayoritariamente en manos de la oposición justicialista, resultaría una “gran molestia” al gobierno actual, que preferiría poder distribuir el dinero entre los municipios, más divididos entre dirigentes de distintos partidos políticos, y así quitar poder a los gobernadores.
Además no existe ninguna norma que obligue a las provincias a rendir cuentas ante Interior, ya que los fondos, luego de ser asignados, pasan a formar parte del presupuesto de las gobernaciones y deja de ser dinero del Estado Nacional. Del análisis de los ATN asignados en 1999 surge que el 58 por ciento no tiene más especificaciones que el importe y la provincia destinataria, pero no hay ninguna descripción de los usos que se les dio, ni tampoco hay un beneficiario identificado.
La OA recomendaría la eliminación del sistema para utilizarlo exclusivamente como fondo de emergencia. Sin embargo, se conformaría con establecer los contenidos de los criterios para la solicitud, selección y asignación de los ATN, y así garantizar la igualdad de oportunidades para recibir el beneficio.
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