La letrada se refería a la investigación que tiene a su cargo el juez federal Claudio Bonadío por la responsabilidad que le podría caber a los directivos de la empresa de telefonía celular Movicom, a raíz de la modificación de los registros de llamadas, pese a una orden dictada por el Dr. Galeano, magistrado que investiga el atentado cometido contra la sede de la AMIA.
Galeano había ordenado que no se modificaran los registros de 1994, ya que los mismos permitían el "entrecruzamiento telefónico" y la ubicación de los diez teléfonos registrados a nombre del ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli, quien se encuentra detenido y sindicado como el jefe de los integrantes de dos brigadas de esa repartición que recibieron la camioneta Trafic utilizada como "coche bomba" para cometer el atentado contra la sede de la AMIA, de manos del reducidor de autos robados Carlos Alberto Telleldín.
A raíz de este entrecruzamiento, se había podido establecer que la mayoría de los aparatos celulares se encontraban en la zona cercana al domicilio de Telleldín el día del atentado, en la localidad de Villa Ballester.
Esa prueba revestía especial trascendencia en virtud del juicio Oral y Público que prepara el Tribunal Oral federal 3 , en el que se ventilará la responsabilidad de los imputados relacionados con lo que se conoce como la "conexión local" del atentado.
Pese a la advertencia de Galeano, el registro "fue modificado" por lo que ahora es considerado como "una prueba debilitada" según admitió Nercellas, quien recordó que al declarar en la causa AMIA uno de los empleados de Movicom, este se limitó a señalar que "fue un error" el que produjo la perdida de la prueba, al destruirse los “padrones de llamados”.
Cabe recordar que el propio Ribelli terminó presentándose como querellante en la causa abierta contra Movicom. Ribelli sostiene que "se destruyó prueba que lo hubiera favorecido".
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