La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, tratará en su primera reunión del año -durante enero el cuerpo permanece en feria- las causas que instruye contra los jueces federales Carlos Liporaci y Luis Leiva. Así lo manifestó un vocero del Consejo a Diariojudicial.com, quien señaló que el martes 6 de febrero se convocará a los consejeros integrantes de dicha Comisión para llevar a cabo el plenario ordinario que presidirá la diputada justicialista María Lelia Chaya, en su debut como presidente de ese cuerpo, tras el ejercicio de esa función por parte de su colega de la Alianza, Pablo Fernández.
En tanto el lunes 5 de febrero, se llevará a cabo una audiencia especial, donde
comparecerán testigos del caso del juez Liporaci. Se trata de Diego Torrisi,
Francisco Ogando, quienes le habrían otorgado un préstamo no hipotecario al
juez y la contadora María Laura Baulán. Según lo manifestado por la fuente,
Baulán "deberá explicar las cuentas realizadas por el magistrado investigado
por presunto enriquecimiento ilícito, para comprar la casa en Gaspar Campos
al 471 de la localidad bonaerense de Vicente López", que según los peritos tasadoras
de la Corte Suprema, estaría valuada aproximadamente en un millón de pesos.
De acuerdo a lo manifestado por el abogado Héctor Rodríguez, defensor de Liporaci,
"el Consejo de la Magistratura debería aguardar al informe de los peritos contadores
de la Corte para proseguir con la investigación por supuesto mal desempeño en
la función".
Los peritos contadores tienen un lapso de 30 días para arrojar un resultado
del estudio técnico-contable que en este momento se encuentran realizando sobre
el patrimonio del magistrado. "Antes de marzo, debería estar listo el informe
de los peritos", aseguró Rodríguez. Los técnicos investigan desde los últimos
días de diciembre, por una medida ordenada por el juez Gabriel Cavallo, quien
instruye la causa penal por el supuesto delito de "enriquecimiento ilícito"
que se le imputa a Liporaci.
Por esa razón, para el defensor del magistrado federal, "el Consejo debería
aguardar el informe contable porque de lo contrario se correría el riesgo de
que los consejeros puedan adoptar una medida similar a la del Dr. Cavallo, como
sucedió anteriormente con las pericias tasadoras de la casa de Gaspar Campos,
y luego se encontraron con que no tenían competencia jurisdiccional para hacerlo,
lo que sí tiene el juez penal".
"Lo ideal sería -prosiguió Rodríguez- suspender la causa en el Consejo y esperar
a que la justicia penal se expida. De pronunciarse prima facie a favor de la
comisión de un delito, entonces recién ahí lo correcto sería que la causa se
elevara a juicio político. De lo contrario debería desestimarse".
Descargo por escrito
El juez federal Carlos Liporaci no se presentó personalmente a declarar cuando
la Comisión de Acusación lo citó en base a una propuesta de los integrantes
de dicho cuerpo. En cambio, sí presentó su descargo a través de un escrito en
el que rechazó las acusaciones en su contra por la adquisición de una lujosa
casa y aseguró que el alquiler de una vivienda en un country lo solventaba una
persona de su amistad
El escrito fue presentado por su abogado defensor, Héctor Rodríguez, y cuestionó
la jurisdicción del Consejo para llevar a cabo una investigación de su patrimonio,
al sostener que las medidas de prueba requeridas por la Comisión de Acusación
se superponen "ilegítimamente" con las dispuestas por el juez federal Gabriel
Cavallo.
El magistrado también explicó la forma en que contrajo la deuda para adquirir
su vivienda. En torno a los préstamos que obtuvo para concretar la operación,
aseguró que sus acreedores saben que cuando obtenga un crédito a largo plazo
estarán en condiciones de cancelar su deuda.
Liporaci señaló que "la denuncia de los consejeros Juan Gersenobitz y Eduardo
Orio tiene origen en una denuncia amarillista de la Revista XXIII, que en su
edición del 31 de agosto del 2000 hace referencia a la sede de mi vivienda familiar".
Al tiempo que agrega "deslizan en la nota un gran cúmulo de inexactitudes ,
el principal de ellos es que el valor del inmueble ronda el millón y medio de
pesos"
"Es el propio denunciante, Gersenobitz, quien casi dos meses después de iniciadas las actuaciones en esta Comisión, advierte que el Consejo no puede investigar delitos. Y por ende, considera estas actuaciones como superpuestas con las que lleva a delante el magistrado federal", manifestó Liporaci.
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