Los letrados Jorge Guillermo Poblete, Federico Addisi y Nelson Tobarez, abogados
de Idelmindo Dos Santos y de Rodolfo Alejandro Dentes, apelaron hoy ante el
juez de instrucción Jorge Cubas que instruye la causa de la "supuesta" mafia
de taxis que operaban en el Aeroparque Jorge Newberry, en torno a que la presunta
"asociación ilícita aún no fue probada", según los defensores.
Los abogados fundamentaron la apelación de sus defendidos en que "la valoración
de pruebas que supuestamente los incriminan no fue analizada correcta y detenidamente",
y que "tanto Dos Santos como Dentes fueron indagados al igual que el resto de
los encausados por ser presumiblemente jefes u organizadores de una asociación
ilícita; criterio que el mismo juez instructor tuvo que abandonar al procesarlos
como simples miembros o integrantes de dicha organización; hecho que aún no
fue probado".
El juez Cubas había dictado la prisión preventiva de tres imputados y el procesamiento
a otros once que fueron detenidos durante operativos contra la denominada "mafia
de taxis". Para el magistrado, todos fueron responsables de una "asociación
ilícita".
Carlos Sappia, Héctor Hugo Catoira y Jaime Fernández Alvarez, fueron encarcelados a raíz de que registran antecedentes penales. Quedaron en libertad Rodolfo Dentes, Nelson Martínez, José Gerardo Sandoval, Luis Alberto Pérez, Dante Bisagno, Delmiro Dos Santos, Carlos Jordán, Ricardo Mandirola, Roberto Olivo Franucci y Humberto Migale. Como supuesto miembro de la asociación ilícita también fue procesado sin prisión preventiva el agente de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Hamid, quien al igual que casi todos los imputados se negó a declarar ante el magistrado y el fiscal del crimen Félix Crous.
"Dos Santos y Dentes, trabajan como taxistas desde hace varios años, careciendo estos de antecedentes penales alguno. Es de destacar que la mayoría de los choferes que trabajan en el Aeroparque son gente honesta y de bien; repudiando esta defensa el difamatorio e injuriante mote de mafia", explicaron los defensores al tiempo que manifestaron "según surge de las investigaciones se pretende inculpar a los procesados de "cobrar" o "recaudar" dinero para fines indeterminados siendo que más de 36 testimonios de taxistas con muchos años de permanencia en Aeroparque declaran que el pago de dinero era voluntario y para contribuir al bienestar general"
"El fiscal pretende sindicar que existían intimidaciones para poder trabajar, negando enfáticamente a esta defensa tal presunción, prueba irrefutable de ello son los más de 400 taxis que ejercen libremente el derecho constitucional de trabajar y haciéndolo desde hace años en el Aeroparque" señalaron.
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