Así, Argentina se convertiría en el vigésimo octavo país en ratificar el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y que ha sido reclamada por los más variados líderes políticos del mundo, incluido el Papa, aunque cuenta con la acérrima oposición del Partido Republicano de Estados Unidos, que acaba de asumir el poder.
Eduardo González Cueva, Coordinador para los Países del Sur de la Coalición de Organizaciones No Gubernamentales por la CPI se mostró optimista y afirmó que “Argentina es uno de los países líderes en el proceso de establecimiento de la CPI y el gobierno siempre ha enfatizado la importancia del Estatuto de Roma para un país que fue testigo directo de los abusos de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos”.
A pesar de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado ya han ratificado el Estatuto, de acuerdo a normas de Derecho Internacional Público y al Estatuto de Roma en concreto hace falta que el instrumento de ratificación sea depositado ante la Secretaría General de las Naciones Unidas para que un país se obligue. De todas formas, desde la firma del Estatuto, Argentina no puede incumplir las normas de ius cogens (imperativas) establecidas en el Tratado, que tendrá vigor cuando 60 de los 139 países que lo firmaron depositen las ratificaciones en la ONU.
Según pudo saber Diariojudicial.com de fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en este momento está viajando por correo diplomático hacia Nueva York la ratificación firmada por el presidente Fernando De la Rúa, que será depositada en menos de diez días por Arnoldo Lestre, embajador ante las Naciones Unidas.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de las disputas entre los Estados, la Corte Penal Internacional se encargará de juzgar a los individuos responsables de delitos gravísimos como genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y será un complemento de las jurisdicciones nacionales.
De la Rúa puso su firma el pasado 16 de enero y destacó “la activa participación mantenida por la República Argentina durante todo el proceso de negociación diplomática dirigido al establecimiento de la Corte, en el convencimiento de que ésta instancia representa un eslabón fundamental en el desarrollo del derecho internacional”.
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