La Comisión votó por la acusación contra el magistrado tras aprobar el dictamen presentado ayer por los consejeros Fermín Garrote y Pablo Fernández, que lo tildaron de "inmoral" y lo pusieron contra la espada y la pared por haber demostrado "inconducta" en el desempeño de sus funciones.
Mañana a primera hora se reunirá el Consejo en reunión plenaria –con sus 20 miembros-. De lograrse un quórum de 15 consejeros, cantidad de presentes que resulta habitual, la acusación al juez podrá tratarse sobre tablas, e irá directo a la votación. Según el reglamento del organismo creado por la nueva Constitución reformada en 1994, de votar dos tercios de los consejeros en su contra, Liporaci deberá enfrentar al Jurado de Enjuiciamiento.
Por primera vez, y ante esta nueva situación, el abogado defensor de Liporaci, Héctor Rodríguez, dejó entrever la posibilidad de que su cliente renuncie a su cargo ante la inminencia del tratamiento de la causa en el Plenario. "El no pensaba en la renuncia, pero una circunstancia de esta naturaleza, puede generar algún cambio", adelantó el letrado que más tarde, luego de reunirse con el juez, se desdijo al asegurar que el magistrado conservaría su puesto hasta último momento.
En la sesión ordinaria que comenzó hoy cerca de las diez de la mañana, se solicitó "la apertura del proceso de remoción" del magistrado, a quien los consejeros consideraron "un modelo de lo que no debe ser un juez".
Por su parte, la consejera y presidenta de la Comisión Lelia Chaya aseguró estar “en desacuerdo con el dictamen, pero en aras de la celeridad no se plantearán disidencias". En este sentido, la diputada peronista agregó: "comparto la acusación, pero no estoy de acuerdo con acusar al juez por el tema de la pensión. Yo no me atrevo a juzgar si es inmoral".
La opinión vertida por Chaya está relacionada con uno de los puntos del dictamen que más revuelo generó. En su escrito acusatorio, Garrote y Fernández calificaron a Liporaci de "inmoral" por haber aceptado una pensión graciable de quinientos pesos mensuales en beneficio de su hija.
Así, la legisladora dejó en claro que para su modo de ver, el juez que está a cargo de la investigación de los presuntos sobornos en el Senado debía ser acusado “sólo por las inexactitudes en sus declaraciones juradas y por la casa que alquiló el magistrado en el country Golfer´s con dinero de otro”.
Chaya, que según todas las especulaciones sería la única en votar en contra de la acusación a Liporaci, se mostró a la defensiva cuando dijo que fue "objeto de conspiraciones durísimas de la prensa”. “Yo no tengo nada que ver con encubrir a nadie", enfatizó.
Cuando la Comisión llegó al expediente 282 -el último previsto en el orden del día-, Fernández abrió el debate al solicitar la “rápida suspensión” del juez en sus funciones “para que no pueda seguir investigando la causa por los sobornos” en el Senado, al considerarla "de honda gravedad institucional".
La emergencia de los consejeros no quedó en la unánime decisión de avanzar en la acusación. El mismo diputado frepasista pidió que mañana mismo se incluya el tema en el orden del día del Plenario para acelerar la remoción del magistrado.
En tanto, el consejero-abogado Garrote fundamentó su voto al explicar que "teniendo en cuenta las declaraciones juradas, hay suficientes elementos para un dictamen acusatorio", e hizo mención a los "gastos desproporcionados" en torno a las adquisiciones materiales del juez respecto de sus ingresos.
Según el consejero Mario Gersinobitz, uno de los denunciantes de Liporaci, "a fines de septiembre la Comisión ya tenía los elementos suficientes" para elevar a juicio la causa de Liporaci, sin tener que recurrir a la investigación penal por enriquecimiento ilícito que paralelamente lleva adelante el juez Gabriel Cavallo.
"Sentimos verguenza ajena cuando escuchamos a la contadora", dijo también el abogado Gersenobitz en relación al testimonio de Patricia Baulán, que justificó las incongruencias en las declaraciones juradas del juez al explicar que no eran más que errores al no incluir el ahorro acumulado en la planilla.
El consejero además cuestionó que "un padre permita que su hija reciba 500 pesos de pensión cuando hay gente que lo necesita más" y se mostró enojado ante "el dibujo que hizo el juez de sus ingresos".
En tanto, votaron además el consejero Miguel Angel Pichetto –diputado justicialista por Río Negro, en busca de una banca en las próximas elecciones- y Carlos Maestro, legislador radical que insistió en que “Liporaci debe ser suspendido cuanto antes de su cargo pues no está en condiciones de llevar adelante la causa por los sobornos" en el Senado.
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