Por otro lado, el Consejo propuso, a través de un proyecto paralelo al de Escuela Judicial, que sean seleccionados funcionarios por cada consejero, se distribuyan cinco para la Unidad de Auditoria Interna, tres para la Unidad de Estudios, Proyectos y Estadísticas y cinco para la Asesoría Jurídica, y que se incorporen cinco funcionarios (uno por cada consejero, hasta completar 20) a cada una de las Comisiones que integra el cuerpo. El Consejo está conformado por las comisiones de Disciplina, Acusación, Reglamentación, Selección y Administración Financiera.
El consejero y camarista civil Claudio Kiper, señaló a Diariojudicial.com que no votará –si es que se debate este proyecto- la incorporación de funcionarios para una Auditoría Interna, dado que de implementarse, ésto será en forma permanente y para ello debe tenerse en cuenta un presupuesto especial que es precisamente lo que no tiene en este momento el Consejo de la Magistratura.
El recorte al presupuesto del Poder Judicial que administra el Consejo de la Magistratura, fue de 250 millones, y no habría fondos para crear un cuerpo especial de auditores.
A través de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, se pretendería gestionar fondos al Ministerio de Economía, destinados al ámbito de la Justicia, un planteo que hizo este cuerpo antes de la feria judicial de verano, en una resolución acerca de la no aplicación de la Emergencia Económica y Financiera en el Poder Judicial de la Nación.
Esta determinación no sólo estuvo orientada al proyecto de la implementación de un cuerpo de auditores –el Consejo depende de la Corte en esta materia- sino a que el Poder Judicial adeuda juicios de magistrados del interior del país, y que debe destinar una partida presupuestaria especial a los jueces del interior por tratarse de “zonas desfavorables”.
En esa oportunidad, la Corte Suprema, a través de una acordada, suspendió la resolución de la Consejo aludiendo a que en cuanto a los juicios ganados es de competencia de la Corte. Ahora el Consejo, decidió seguir adelante con la gestión en materia de no aplicar la Emergencia Económica en la Justicia aunque el Máximo Tribunal haya anulado esa resolución.
Por otra parte en el proyecto para la conformación de la Escuela Judicial, se consideró la incorporación de recursos humanos en la misma a raíz de la necesidad de coordinar sus labores en las distintas regiones del mapa judicial, así como también la designación de dos funcionarios para que se integren a la estructura de la misma. La Escuela Judicial fue creada con el objetivo de brindar capacitación, actualización y asesoramiento a los funcionarios de la justicia.