Cavallo dictó hoy una batería de 33 medidas en la causa cuya conducción asumió el lunes de esta semana, en su gran mayoría solicitadas por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado.
Según informaron hoy fuentes judiciales, el magistrado también habría solicitado informes al Banco Central de la República Argentina, acerca de todas las cuentas y cajas de Seguridad que Flamarique y De Santibañes tendrían en el país y en el exterior.
Pero la gran novedad fue el pedido a la presidencia del Senado, a cargo del radical Mario Losada, de informes sobre el monto y el manejo de los fondos reservados del cuerpo, así como también del presupuesto anual y las personas que se encargan de su administración.
Asimismo, pidió información sobre una cuenta detectada en la sucursal Jujuy del Banco Nación abierta en abril del 2000 a nombre del senador justicialista Alberto Tell, y una medida similar respecto de tres depositos "específicos" en el Banco Galicia. De acuerdo con los resultados de esos informes, el magistrado los elevará a la flamante división de Delitos Complejos de la Policía Federal para profundizar la investigación.
Otra de las medidas dispuestas fue la de citar para el próximo 2 de mayo al "representante legal" del hotel Elevage, donde se habría llevado a cabo una reunión de la que habrían participado dirigentes políticos, entre ellos el operador del radicalismo Enrique Nosiglia.
Por otra parte, pidió a la AFIP. que complete el informe patrimonial de los senadores que ya habían sido solicitados por el juez Carlos Liporaci.
También requirió un análisis por la secretaría del juzgado de Liporaci de las declaraciones de distintos sindicalistas, formuladas durante los incidentes registrados en los días previos a la aprobación de la Reforma Laboral, cuando se desataron graves incidentes en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
Esos mismos dirigentes gremiales declararon ante Liporaci, y el juez Cavallo quiere cotejar los dichos "en caliente" respecto del tratamiento de la Ley y sus posteriores declaraciones en tribunales, cuando ya se había desatado el escándalo de los sobornos.
Otra de las medidas consiste en el reclamo a la Oficina Anticorrupción de un informe sobre las investigaciones llevadas a cabo por el organismo en torno al manejo de fondos reservados de la SIDE "persiguiendo la ruta del dinero".
Por otra parte, requirió a Delitos Complejos una investigación acerca de la evolución patrimonial de los integrantes del Senado, y tras recibir esa información podría enviar parte de la misma a su par Adolfo Bagnasco, quien investiga una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito de al menos tres legisladores.
Por último, requirió a las compañías telefónicas los números de las líneas a nombre de los senadores investigados, sus familiares y secretarios, y a las empresas de tarjetas de crédito, en particular American Express, respecto de titularidades de las mismas en el extranjero a nombre de esos legisladores.
También pidió los números de Flamarique, De Santibañes y del ex vice de la SIDE Juan José Gallea.
Otra de las personas citadas para el próximo 6 de marzo, es Ricardo Pérez Velez, el funcionario de la Sindicatura General de la Nación que investigó los fondos de la SIDE.
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