La magistrada entendió que "no se advirtió una arbitrariedad manifiesta ocasionada por el accionar de las autoridades de la Superintendencia del BCRA en perjuicio de los ahorristas del Banco Multicrédito, no decisiones que vayan más allá del poder de policía que la propia ley le confiere a dicho organismo".
"Las medidas adoptadas por la Superintendencia de Entidades Financieras -sostuvo la magistrada- no pueden ponerse en tela de juicio por el poder judicial, por tratarse de un deber incuestionable y facultad discrecional de dichas autoridades la elección de las medidas más convenientes a adoptar según la situación del banco inspeccionado".
La denuncia estuvo originada en una presentación que el diputado Nacional por Mendoza, Víctor Fayad efectuó ante el anterior Defensor del Pueblo de la Nación Jorge Maiorano.
Según entendió Servini de Cubría no se advierte "bajo ningún punto de vista que la superintendencia en algún momento haya dejado de efectuar la facultad de poder de policía sobre el banco en cuestión, ni responsabilidad aguna sobre el cierre y quiebra del mismo".