B) PREOCUPACION. En el gobierno -pese a los dichos a la prensa sobre la inexistencia de tales aflicciones- por la detención de uno de los hombres más influyentes del anterior gobierno de Carlos Menem. No sólo porque la espiral del caso –es tal la dinámica que no se tiene un techo donde parar- podría complicar al ex presidente, convertido en el más importante aliado de Fernando de la Rúa, sino que también podría arrastrar a los tribunales a Domingo Cavallo. Es que los dos firmaron los decretos de venta de armas y si Emir Yoma demuestra que no fue el jefe de esa presunta organización ilícita, el juez debería seguir la escalera que en lo inmediato serán los ex ministros Oscar Camilión y Ermán Gonzalez (Defensa) y Guido Di Tella (Relaciones Exteriores) y de ese nivel, llegar a Cavallo y a Menem solo hay un paso, lo que se generaría una crisis política de inimaginables proporciones. Pero también demostraría –si bien la detención de Yoma la sabía sólo el juez hasta unos minutos antes de concretarse a la 2 de la madrugada en su lujoso departamento de la zona norte y porque la había pedido el fiscal unas horas antes- que el Gobierno carece de la más completa información de lo que sucede en Tribunales.
C) REPITE. La experiencia que se vivió con el envío a juicio oral y público de Alfredo Castañón. El secretario de Legal y Técnica del ministerio de Economía está acusado de haber estafado al Estado por la contratación de un empresa de transportes para el Correo cuando era estatal, pero lo que verdaderamente ocurrió, fue haber sacado del medio a Skycab, una transportadora que se vinculaba al grupo Yabrán. En el gobierno se enteraron cuando ya la causa estaba camino al tribunal oral federal 4 y casi al mismo tiempo en que el presidente le tomaba juramento. Nadie supo alertar sobre la primera complicación seria para la nueva alianza que quiere afirmar De la Rúa. Pero si bien sorprendió la actitud del juez Rodolfo Canicoba Corral, aunque los actuales ocupantes de la Casa Rosada no lo cuentan entre sus amigos, mucho más extrañó la actitud que viene tomando un sector de la cámara federal –el tribunal con más resonancia política del país- al que el gobierno lo siente como aliado. El juicio a Castañón, el apoyo al juez Gabriel Cavallo para declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que espesó la relación con los militares y ésta de profundizar la asociación ilícita por el caso armas, en menos de un mes han puesto en jaque al Gobierno, cuando nada lo hacía suponer y mucho menos de este ala de la justicia.
D) ENOJO. Del juez de la Corte Enrique Petracchi con su primo Alberto Petracchi. Es que el magistrado considera en su intimidad que su pariente que actúa como abogado del Grupo Moneta, no habría hecho todo lo posible por aclarar lo que explica como una equivocación, al haber aparecido su nombre en una cuenta del Federal Bank de Raúl Moneta, acusado de presunto lavador de dinero por parte de los diputados Gustavo Guttiérrez y Elisa Carrió. Pero por el momento, Petracchi, el de la Corte, no irá a los medios para defender su posición sino que agotó las instancias institucionales –Justicia federal y Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados- y se prepara para querellar a Luis Balaguer, el contador mendocino que lo denunció de haber recibido $ 580.000. Balaguer, quien trabajó para empresas del Grupo Moneta, ahora aparece como el contador que descubrió la cuentas de la corrupción argentina en la investigación que llevó adelante el subcomité del Senado norteamericano. Petracchi insiste que nunca tuvo cuenta en ese banco y se cree víctima de una conspiración por alguna de las causas que pasaron por su despacho: una de ellas, la de un importante grupo económico enfrentado a Moneta que el juez votó en contra cuando ya tenía cuatro votos a favor y parecía una cosa resuelta, que –ahora- deberá esperar más que un tiempo prudencial. Mientras tanto se debe comer este “caramelito”.