Cavallo hizo lugar a un pedido de los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado, y resolvió investigar los teléfonos de los colaboradores para, luego de obtener esa información, aplicar el sistema Excalibur sobre esas líneas.
El magistrado sospecha que desde algunos de esos aparatos se pudieron haber efectuado comunicaciones en los días anteriores a la sanción de la ley de Reforma Laboral, las que podrían estar vinculadas con el pago de los sobornos.
En concreto, los investigadores apuntan a establecer si algunos de los legisladores sospechados utilizó el teléfono celular de algún secretario, para evitar que sean rastreadas llamadas comprometedoras.
Por otra parte, se confirmó que el magistrado solicitó a la Sindicatura General (SIGEN) el informe sobre el manejo de fondos de la SIDE. Su titular, Rafael Bielsa, le hizo saber al magistrado su predisposición a colaborar con esa información, pero también le comunicó el conflicto planteado entre el organismo y la Procuración del Tesoro.
En ese sentido, el procurador Ernesto Marcer dictaminó que la SIDE no puede revelar la información referida a los fondos reservados de la central de inteligencia, por considerar que se trata de un secreto de estado.
Sin embargo, fuentes cercanas a la causa subrayaron que la SIGEN se había limitado a solicitar a la Contaduría General cuántos eran los fondos que la SIDE había requerido para el ejercicio, para luego cotejarlos con las cuentas del Banco Nación, sin entrar a profundizar el destino de las partidas. Bielsa le comunicó a Cavallo que para enviarle el resultado de las investigaciones contenidas en el informe necesitaba la autorización del presidente Fernando De la Rúa, quien a mediados del año pasado levantó el secreto -mediante un decreto- de dos cuentas bancarias de la SIDE.