Se trata de la causa por asociación ilícita contra los responsables del Banco Mercurio, a cargo del también magistrado federal Claudio Bonadío, y de la investigación por cohecho en la que están denunciados Jacobo Benadón y Sergio Lemelsohn, precisamente en manos de Literas. El funcionario de la DGI imputado por cohecho pasivo, está nombrado en el documento de 50 páginas que dejó Perel a su familia en una computadora personal, presuntamente redactado en 1996. Según ese escrito, el occiso habría tenido un papel decisivo para evitar que el organismo recaudador avanzara en una investigación sobre “operaciones negras” del Mercurio.
Inclusive, según los investigadores, el “arreglo” entre Benadón y Lemelsohn habría liberado al Banco de su cierre definitivo. Además, las arcas del Estado pudieron haber sido perjudicadas -de acuerdo a la opinión de esa fuente-, en una suma aproximada a los 30 millones de pesos, como consecuencia de una evasión tributaria no detectada en la investigación que se desarrolló en la causa que tramitó ante otro juez del edificio de Comodoro Py.