"Quien busque eficiencia lesionando garantías está equivocado. Ese es buen camino para salir en los diarios, pero no repercute en un modelo de sistema judicial eficiente"
Con la Plaza de Mayo de fondo y en el medio del edificio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está el despacho de Maximiliano Rusconi, Fiscal General de Política Criminal y director de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), que trabaja en la investigación de los delitos económicos que surgieron de la pesquisa por el asesinato en Cariló del financista Mariano Perel.
Sin embargo, este hombre que tiene, según el mismo aclara, “el currículum de un loco”, habló de todo y de todos. Explicó cómo fue el allanamiento al Banco Mercurio y reafirma su denuncia acerca de la filtración de información, que los estaban esperando. “Hay que custodiar que la información no se filtre, es sentido común y compromiso con la verdad real”, dice.
Además advierte que la UFITCO se mueve a otra velocidad que el resto del sistema, porque “el modelo de gestión judicial es totalmente anacrónico”, y se queja de “la visión corporativista, mezquina y egoísta” de algunos funcionarios y magistrados. Al mismo tiempo afirma una y otra vez que garantías y eficiencia no son distintos niveles que conviven separadamente y que “las agencias policiales son víctimas de las políticas de mano dura”.
Rusconi también sostiene que si hubiese sido por él, hubiera construido la Oficina Anticorrupción bajo la órbita de la Vicepresidencia de la Nación, para darle más estabilidad y bajo las órdenes de quien encabezaba la lucha contra la corrupción, y asegura que no escuchó rumores acerca de la posibilidad de que la UFITCO integre el Ministerio de la Transparencia.
Profesor adjunto por concurso de la Universidad de Buenos Aires, autor de cuatro libros y participante del proyecto Maier de reforma del Código Procesal Penal, además de funcionario de una misión de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en Guatemala, Rusconi dice que durante el año pasado la UFITCO hizo denuncias por 350 millones de pesos, y que si el Poder Judicial hubiera sido más eficiente se podría haber recuperado una suma similar a la mitad del impuesto docente.
Diariojudicial.com: ¿Cómo siguen las investigaciones por las derivaciones económicas del asesinato de Mariano Perel?
Maximiliano Rusconi: Las primeras denuncias surgieron del mapa de hechos que se manifestaban en el testamento de Perel. Hace pocos días recibimos un conjunto importante de información magnética que estaba en dos nuevos discos rígidos, que se atrasó porque estaban encriptados y en la fiscalía de Dolores tenían miedo de generar algún tipo de error y que se dañara la información. Esto se suma a la evaluación de los mil y pico de archivos que tenía el otro disco, que tampoco habíamos evaluado en su totalidad. De lo que trajimos directamente de Dolores, hicimos una búsqueda sólo vinculada a los hechos manifestados en el testamento, no completa. Entonces ahora tenemos un relevamiento mucho más profundo y más lento. Yo creo que se van a producir nuevas denuncias, pero no en forma inmediata, hay que esperar unos días más.
Dju: ¿El trabajo de la UFITCO es presentar las denuncias y dejarlas en manos de la Justicia y de otras fiscalías o implica un seguimiento de los temas?
MR: Hay varias alternativas. En la hipótesis de mínima, hacemos la denuncia y, como equipo técnico multidisciplinario que hace un análisis que no tienen las fiscalías normales, nos ponemos a disposición del mal llamado fiscal natural, porque es una garantía inexistente. En suma, nos ponemos a disposición del fiscal de turno, y en la medida en que lo requiera le damos apoyo técnico (por ejemplo contadores que trabajan el la Unidad Fiscal) o inclusive le generamos una interfase mucho más fluida con la AFIP, con quienes mucha más relación por estar instalados en el mismo edificio y por la relación institucional que hemos generado. La otra hipótesis es que cuando denunciamos casos donde consideramos que es indispensable nuestra presencia en la investigación procesal, le solicito al Procurador como coordinador de la Unidad, que designe a alguno de los fiscales que la integran como fiscales coadyuvantes y ahí el trabajo se comparte. La tercera forma de participación de la UFITCO, que no es tan conocida, es que está integrada por el fiscal de juicio en lo penal económico Gustavo Bruzzone, y la gran ventaja es que en todos los casos denunciados por la Unidad ya sabemos que el fiscal de juicio es Bruzzone, lo que permite estar en contacto permanente con él y que conozca el caso de antemano e inclusive que nos oriente en algunas investigaciones hacia lugares que le van a servir para sostener el caso en el juicio. Así debería estar organizado el Ministerio Público en el futuro.
Dju: En el reciente Informe Anual de la Procuración se da cuenta de los varios pedidos de fiscales del interior de la asistencia de la UFITCO...
MR: Sí, hemos tenido una relación muy buena con los fiscales del interior, que son en general los más necesitados. Además, se ha generado una relación de asesoramiento técnico o político criminal en casos vinculados con temas tributarios. Por ejemplo, había una discusión acerca de cómo debía interpretarse una artículo de la ley de presupuesto que sostenía que cuando el contribuyente se inscribe en una moratoria no corresponde la denuncia penal, lo que generó preocupaciones importantes en el Ministerio Público. Lo que hicimos fue recoger las preocupaciones y propusimos al Procurador la emisión de una instrucción que solucione el problema, pero en el sentido más racional: el de entender que sólo no corresponde la denuncia penal si esa presentación fue espontánea en la moratoria, porque sino es muy sencillo hacerle una gambeta al sistema penal o al tributario. De otra forma, yo evado hasta que me encuentren, y cuando me encuentran me inscribo en la moratoria. La idea es que las moratorias sean totalmente espontáneas y no motivadas por una inspección de la AFIP o por una investigación preliminar del Ministerio Público. Do otra forma quedarían obsoletos los sistemas de control.
Dju: ¿Cuál es el apoyo político que tiene la UFITCO? Porque la magnitud de la tarea deber requerirlo...
MR: Surgió en el marco de un convenio de máximo nivel político, entre el ministro de Economía, en ese momento era (José Luis) Machinea, de Justicia, (Ricardo) Gil Lavedra, y el Procurador Nicolás Becerra, inclusive con un compromiso formal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para colaborar en la medida en que necesitemos su apoyo. De todas formas, nosotros no buscamos permanentemente el apoyo político, porque sabemos que va y viene según las estrategias macroeconómicas que tiene el país. Lo que sí buscamos es que no se interfiera, y la verdad es que no ha sucedido. Hemos trabajado con total libertad, el procurador nos ha dado mucho apoyo, y la AFIP nos dio la infraestructura necesaria para instalarnos en su edificio.
Dju: ¿Nunca se sintieron como un punto negro en un lugar ajeno?
MR: Desde lo burocrático no hemos tenido ningún problema, al contrario, nos han dado todo el apoyo. Y desde el punto de vista de nuestra capacidad de investigar eventualmente a un funcionario de la AFIP, lo que no es imposible que suceda en un organismo de control, como en el caso Perel, no nos hemos sentido impedidos de hacer la denuncia. Al contrario, uno de los más interesados en que se investigue el hecho fue Héctor Rodríguez, titular de la AFIP. No es que haya un apoyo político o un impulso tremendo, pero tampoco esto es indispensable para que el Ministerio Público funcione.
Dju: En referencia a las investigaciones relacionadas con el asesinato de Perel, ¿Qué pasó en el allanamiento al Banco Mercurio, en el que ustedes denunciaron filtraciones?
MR: Sucedió una cosa bastante llamativa, que en el propio allanamiento encontramos en los papeles que estaban sobre el escritorio de uno de los imputados copia de la denuncia. Y es poco relevante que haya o no secreto del sumario, porque en la denuncia yo tenía solicitada una orden de allanamiento, especificando el domicilio que debía allanarse. Entonces, si quien está investigado por un ilícito, tiene la capacidad fáctica de tener copia de la denuncia donde se menciona el domicilio de su gestión comercial, es obvio que está absolutamente avisado de ese allanamiento, más allá de que como tuvo mucha difusión lo podía prever. Aunque yo no sé si era tan esperable, porque la medida estaba vinculada a hechos que alguien eventualmente podría haber pensado que ya habían sido investigados, y que regía el non bis in idem, porque hubo una causa que tuvo (el juez en lo penal económico Julio) Cruciani y que finalizó con sobreseimientos. Sin embargo, nosotros pensamos que había otro hecho a investigar desde el punto de vista no sólo normativo, sino más bien fáctico, que era la asociación ilícita, que a nuestro juicio evita el paraguas del non bis in idem. De todas formas para el imputado sí fue previsible porque tenía la copia, y eso nos preocupó muchísimo.
Dju: ¿Notaron cierto orden ajeno a lo normal?
MR: Un ejemplo paradigmático de que la recepción del allanamiento estaba preparada es que en la computadora funcional de la secretaria de uno de los denunciados, que es un sujeto con alto rango en la conducción del banco, tenía en el Word sólo tres archivos en el año. Inclusive hemos comentado que quien está muy preocupado porque no se llene su disco rígido borra los archivos de Word, pero no se preocupa de ir a buscar a la papelera de reciclaje y borrar todos los archivos, con lo cual no hay dudas de que hubo una limpieza en el disco rígido de la computadora. Y es totalmente obvia esa limpieza teniendo una descripción detallada de la maniobra, que es lo que estamos imputando. Quien tiene copia de la denuncia puede preparar la recepción del allanamiento de un modo inigualable, porque hasta tiene conciencia de qué cosas puede ir a buscar el fiscal o las autoridades policiales que investigan. De todas formas el allanamiento no fue totalmente un fracaso, se consiguieron cosas interesantes que van a servir para la demostración del hecho, pero la verdad es que te da una gran depresión.
Dju: ¿Qué es lo correcto desde el punto de vista formal?
MR: En el arranque de la investigación el imputado no debería conocer la denuncia. Muchas veces estas cosas no están reguladas en forma absoluta el Código Procesal Penal, pero es sentido común, y es el sistema judicial el que tiene que cuidar la eficiencia de la investigación, sobre todo en instancias donde no se afectan garantías. Que el imputado tenga la copia de la denuncia antes o después del allanamiento, ahí no hay ninguna garantía involucrada, pero lo que sí está en juego es la eficiencia del sistema. Es falso decir que hay que darle la copia al denunciado porque está en juego la garantía del derecho de defensa. Sin embargo, hay un riesgo tremendo de que la pesquisa fracase. Entonces, al comienzo de la investigación, es obvio que hay que custodiar que esa información no se filtre. Más que nada es sentido común y cierto compromiso como la búsqueda de verdad real.
Dju: ¿Van a otro ritmo la Justicia en general y la UFITCO como un organismo nuevo y más moderno?
MR: Sí, ven en otro ritmo claramente. Pero no quiero ser injusto. Muchas veces no es por culpa de los funcionarios, sino de un modelo de gestión judicial que es totalmente anacrónico. La UFITCO está montada sobre la base de un modelo de organización que debería ser trasladada a todo el Ministerio Público y a todo el sistema judicial. Es decir, unidades fiscales con más de un fiscal, con un conjunto de fiscales, con una integración multidisciplinaria muy cerca del hecho desde el punto de vista temporal y burocrático. La UFITCO es un modelo paralelo a la fiscalía de Saavedra, las dos unidades responden a un modelo de acercarse lo antes posible a la comisión del hecho. Para los delitos comunes, significa descentralización territorial. Como se ejecutan en los barrios hay que conocer el terreno, las organizaciones vecinales, tener mucha información. Con los delitos no comunes el acercamiento al hecho significa acercarse al organismo de control: la AFIP, en los delitos tributarios; al Banco Central, eventualmente para investigar los delitos de lavado. Porque el organismo de control llega antes al hecho. Lo importante es coordinar la investigación del organismo de control con la que luego necesite el Ministerio Público. Obviamente responde a un modelo mucho más moderno y por lo tanto es mucho más ágil. Tardamos mucho menos en la investigación preliminar siendo muy eficientes: tenemos acceso a las bases de datos de la AFIP, es otra cosa. Y genera roces, es el nuevo sistema que tiene que convivir con un modelo judicial, a mi entender, totalmente anacrónico.
Dju: ¿Genera algún tipo de rispideces con otras agencias judiciales?
MR: Sí, claro, porque en realidad hay un pensamiento muy corporativo sobre el tratamiento de los temas judiciales. Hay una cierta creencia de que el modelo judicial vigente es el único posible. Y en realidad lo es porque no se ha discutido un modelo de organización nuevo, y cada vez que se plantea cualquier tipo de ruptura de un modelo anacrónico (como en la fiscalía de Saavedra que ha recibido hace poco un allanamiento por un juez para que le dé los archivos de documentación que tenía) aparece una visión absolutamente corporativa, mezquina y egoísta, que no digo que sea de la de todos los funcionarios y magistrados, posiblemente sean muy pocos los que piensan así, pero tienen el suficiente poder para que no se cambie el status quo. Desde ese punto de vista, cualquier reorganización del sistema judicial, cualquier propuesta novedosa, es vista como un riesgo de romper ciertas seguridades corporativas. Obviamente genera muchísimas rispideces, pero bueno, hay que convivir con esas rispideces.
Dju: Usted además, como fiscal de Política Criminal, es coordinador de la Comisión encargada de detectar y denunciar los procedimientos policiales fraguados, otro de los problemas contra los que hay que luchar si el objetivo es detener el avance del poder punitivo, un camino aún más arduo si no hay demasiadas coincidencias entre las denominadas agencias judiciales.
MR: Sí, una de las líneas de Política Criminal es la preocupación del Ministerio Público sobre este tema. Hemos detectado un modus operandi. Hay como mínimo cincuenta casos que responden a paradigmas absolutamente comunes: el primero es que el resultado final es un sobreseimiento de los eventualmente imputados, después está la participación de la prensa en forma inmediata, el tercer dato son las dudas sobre el origen del caso, cuál es el episodio que motiva la intervención policial. Además se lograba que los inocentes actuaran con algún comportamiento que hiciera suponer que ellos eran los autores del hecho. Nos preocupó muchísimo por un montón de razones. Es una nueva manifestación de cómo el sistema penal es el garrote de las clases vulnerables. Nunca me pasó a mí un episodio de estos ni te pasó a vos ni a nadie de los que todavía en la Argentina se pueden llamar clase media. Le pasa a la gente pobre, la gente que está haciendo la cola en San Cayetano para pedir trabajo... Encima de estar excluidos de este modelo económico tienen que sufrir las consecuencias del modelo penal, aumentando la discriminación, porque ahora además de pobres son ex vinculados con el sistema judicial.
Dju: Ni hablar si hay condenas. Además el comienzo del proceso implica...
MR: Una estigmatización tremenda –completa Rusconi, con cara de no poder creer la realidad que lo rodea-. Además muchas veces el sistema judicial no es infalible. Los tribunales orales, han logrado con una capacidad de investigación propia muy elocuente han declarado la inocencia de los involucrados, pero habrá habido un montón de casos en los que el imputado no pudo demostrar que se trató de un montaje. Esto lo tomamos con muchísima seriedad. Al principio fue una preocupación del Ministerio Público, pero debo decir que uno de los funcionarios que se preocupó mucho por estos temas en el arranque fue (Daniel) Rafecas, que ese momento se desempeñaba como secretario de un tribunal oral –actualmente es subdirector de la UFITCO-, y a partir de una nota de ese tribunal que nos informaba sobre una mini investigación que había hecho se motivó el funcionamiento de la Comisión, que logró instalar el tema en el sistema judicial. Alertamos a todos los jueces, nos juntamos con la Asociación de Magistrados, con los miembros del tribunal de Casación, mandamos notas a todos los fiscales. Creemos que se ha logrado mejorar el nivel de atención del sistema judicial sobre estos temas, y al mismo tiempo generar ciertos efectos preventivos desde el punto de vista de la prevención general.
Dju: ¿Está de acuerdo con la definición del derecho penal como limitador del poder punitivo?
MR: Me parece que es incorrecto plantear a las garantías y a la eficiencia del sistema judicial como vasos comunicantes. Este modelo de que hay dos niveles, uno vinculado a la protección de derechos individuales y otro a la eficiencia, en el sentido de creer que un aumento de la eficiencia siempre es debido a una lesión de garantías, o un aumento de las garantías implica siempre una bajada en los índices de eficiencia es falso. Porque hay modelos en el mundo sumamente respetuosos de las garantías individuales y sumamente eficientes. Y hay modelos en nuestra región latinoamericana que demuestran índices de lesión de las garantías muy altos e índices de eficiencia sumamente bajos.Dju: Sucede también en la Argentina.
MR: Nos pasa a nosotros mismos. Hay una inseguridad tremenda. Antes lo discutía en términos académicos, pero hoy es difícil discutirlo, es nítido. Sin embargo no es debido a que seamos un ejemplo de cómo proteger garantías individuales en el sistema judicial. Tenemos un índice tremendo de presos sin condena, que son inocentes sufriendo una pena de prisión. Yo diría que hay que ser mucho más inteligente. Hay medidas que se pueden tomar para aumentar la eficiencia que no implican una lesión en las garantías. A mi juicio la eficiencia del sistema judicial está vinculada en gran parte a una reformulación de los modelos de organización. Hasta en la utilización de recursos humanos. El concepto de que cada fiscal es una fiscalía, que a su vez reproduce una oficina autosuficiente, y todas las fiscalías y juzgados tienen el mismo modelo y al que le falta un empleado se queja, es irracional en términos administrativos. Si yo tuviera una fiscalía de circuito con 14 fiscales ubicados en un décimo de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente no necesitaría diez personas para hacer las notificaciones o llevar expedientes. Hay modelos de eficiencia que no afectan garantías. Por ejemplo que una fiscalía esté cerca del barrio, como en Saavedra, es un modelo de eficiencia, y al mismo tiempo controla a la agencia policial de la zona en el sentido de que no haya lesión de garantías individuales. Es un modelo que puede ser presentado de forma ambivalente: como de máxima expresión de garantías constitucionales y de máxima eficiencia.
Dju: Otro de los problemas es quién maneja la selección de los criminalizados...
MR: La realidad es que sacamos los cuchillos para oponernos a una introducción del principio de oportunidad, para que en el Ministerio Público se puedan elegir los casos más importantes de acuerdo a criterios definidos legislativamente, porque no es una discrecionalidad absoluta. Pero discutimos esto de modo tremendo y defendemos el principio de legalidad procesal y al mismo tiempo desconocemos o hacemos que desconocemos que en realidad rige hoy un principio de oportunidad en el ámbito de la actuación policial. De los casos que ingresan por la propia actividad de prevención son obviamente casos sometidos a una selección, la agencia policial selecciona los casos de los cuales se ocupa. Y sin embargo nadie cuestiona este poder. Llamativamente pareciera que no nos preocupa que la policía tenga este poder pero sí nos preocupa que lo tenga el Ministerio Público. Totalmente a contramano de lo que sucede en el mundo, donde se da algún poder a los fiscales con criterio legislativo, no es que elige caprichosamente los casos. La policía funcionaría como un apéndice del fiscal, mientras que hoy la cuestión está totalmente invertida.
Dju: Además es imposible que se abarquen todos los casos...
MR: La vigencia del principio de legalidad procesal en el sentido de que todo hecho se investiga y se va para adelante en el sistema judicial es una utopía absoluta. Y la vigencia de esta utopía legislativa hace que en la realidad haya una selección de casos. Hoy hay casilleros de prescripción en los juzgados, y esto es el más puro principio de oportunidad, pero sin un control. Hay una selección clandestina. Mucho más racional es que esto se resuelva legislativamente: decirle a los fiscales que en los casos de bagatela o de lesión mínima al bien jurídico protegido intenten una reparación del daño.
Dju: ¿Sería un camino hacia el derecho civil?
MR: En algún sentido sí. El sistema penal tiene un rol absolutamente fuerte como consolidador de las normas, entonces no se puede usar para cualquier pavada.
Dju: Ahí está la subsidiariedad del derecho penal...
MR: Claro, un derecho penal como última ratio. Hay casos de suma importancia, como los delitos económicos en países pobres. Ahí el derecho penal cumple un rol tremendo en su importancia político criminal, y justo donde la sociedad reclama la participación del derecho penal es donde fracasa. En general tenemos pocas condenas por grandes evasiones al fisco. Y son los hechos que más impactan en un país pobre. Desde la UFITCO hicimos denuncias durante el año pasado por el equivalente a 350 millones de dólares, el 50 por ciento del impuesto docente. Quien busque eficiencia lesionando garantías, como la discusión sobre el dos por uno, está equivocado. Ese es buen camino para salir en los diarios, pero no repercute en un modelo de sistema judicial eficiente.
Dju: En el Informe Anual de la Procuración se hace referencia a un proyecto para acercar las fiscalías a la comunidad, a través del aumento en la recepción de denuncias, lo que implica de alguna manera desplazar a la policía de la selección...
MR: La Policía históricamente tiene ganado un lugar de contacto con la comunidad y una capacidad de desplazamiento sobre el territorio que el Ministerio Público por ahora no puede lograr, así que no se trata de desplazar a la policía, pero sí de multiplicar las boca de ingreso de los casos. Por eso en la UFITCO pusimos atención en la instalación de un número de teléfono gratuito. La idea es que el artículo 120 de la Constitución que habla de la autonomía del Ministerio Público, no es el aseguramiento de ciertas prebendas corporativas para los fiscales, no es que no hay cortes de sueldo. La lectura más importante es ser autónomos en el funcionamiento y en el cumplimiento de la misión que tiene cada fiscal. Es ser autosuficientes en el ingreso de la información, no depender de la información que consiguen otras agencias. Yo no quiero depender de la información que consiga el policía, aunque es bienvenida.
Dju: La experiencia de la fiscalía de Saavedra fue positiva, pero ¿cuáles son hoy los resultados?
MR: Si me pedís un deseo es que lo de Saavedra se multiplique en toda la Ciudad de Buenos Aires, que las conclusiones sirvan para discutir racionalmente un modelo de fiscalías de circuito para la ciudad.
Dju: ¿Y una realidad?
MR: No todos están de acuerdo con la importancia de Saavedra con argumentos con los que como mínimo no estoy de acuerdo. No hay más garantías procesales que las que aseguran la distribución territorial. Como hay tanta discusión sobre esto, es difícil que en el corto plazo esto se generalice en la organización del Ministerio Público. De todas formas, hay un compromiso del Procurador por el compromiso de la descentralización, mi sensación es que está convencido de que es el mejor modelo. Creo que si el Ministerio Público pensara en la comunidad por una vez y por medio segundo nada más, en vez de estar pendiente de si entre el domicilio del fiscal o el de los empleados y el lugar de trabajo se van a tener que tomar un colectivo o un subte, cosas que la ciudadanía normal hace en forma cotidiana, me parece que no hay discusión posible.
Dju: Hubo un convenio entre la UFITCO, la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, ¿de qué se trató?
MR: Básicamente hay investigaciones de los tres organismos que se pensó que se podían potenciar más allá de los distintos objetivos institucionales. Queremos romper el modelo de compartimientos estancos. Así como estamos rompiendo el modelo entre la AFIP y el Ministerio Público y compartir la información que tenemos, más allá de las conclusiones que uno saque después, la idea era compartir el núcleo duro de la información. Sobre todo en el tema de la aduana. Hay una evaluación que hizo la OA sobre la aduana que nos ha servido mucho para detectar sector que estábamos investigando, y la aduana es un organismo de muy difícil ingreso desde el punto de vista institucional.
Dju: Se está hablando de un Ministerio de la Ética o de la Transparencia, ¿qué opina de esta iniciativa presidencial?
MR: Personalmente me parece que la OA ha funcionado en forma eficiente. Si yo tuviera un rol en el Ejecutivo diría: “ministro que anda bien no lo saco, organismo que anda bien no lo toco”.
Dju: Se refiere a la salida del ex ministro Ricardo Gil Lavedra de Justicia.
MR: Claro, hay tantos líos de los que ocuparse que para qué me voy a ocupar de los que funcionan. Yo no sé porqué razón se fue el ministro de Justicia, pero me da la sensación de que era un ministro con una buena relación con la corporación judicial, y no estoy hablando mal del actual ministro –Jorge de la Rúa- que es un jurista extraordinario, pero el anterior ministro funcionaba bien, fue quien dio el puntapié inicial para lanzar un organismo como la UFITCO (con Machinea y Becerra), y la OA ha desarrollado infinidad de investigaciones. Es un grupo joven extraído de la universidad o de la Justicia, y a pesar de su juventud con un alto prestigio. Ojalá todos los organismo estuvieran construidos sobre la misma matriz. Yo en ese lugar pensaría diez veces antes de tocar un organismo que está funcionando bien. Quien pensara un organismo con (José) Massoni a la cabeza, a (Manuel) Garrido y a (Roberto) De Michele en las direcciones, y creyera que no iba a generar incomodidad a la actual o anterior gestión del Poder Ejecutivo era un iluso. Para poner un organismo funcional a los intereses políticos había que poner a otra gente ahí. Después de tomar esa decisión, para decirlo en castellano, hay que bancarse las consecuencias. Más allá, yo no hubiera construido una OA dependiendo de un ministro. Por ejemplo, yo la hubiera puesto dependiendo en ese momento del vicepresidente de la Nación, que era quien había impulsado las políticas de transparencia. Si había alguien preocupado por ese tema era el vicepresidente. Así, no dependía de un fusible político. Al vicepresidente uno no lo puede cambiar cada dos minutos, en cambio a un ministro sí , que es un funcionario totalmente fungible. Esto le hubiera dado mucha más estabilidad y jerarquía. Yo no los tocaría, no les rebajaría los sueldos, no los hostigaría. Parece mentira, porque ha dado un montón de dolores de cabeza y de un día para el otro quieren jerarquizarla y hacerla Ministerio. Es raro, yo no lo creo, me parece poco sincero. No la hostiguen más, pero tampoco la declaren virreinato anticorrupción.
Dju: Se habló de incluir también en ese Ministerio a la Unidad de Informaciones Financieras (UIF), a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, ¿hubo alguna versión de incluir a la UFITCO?
MR: No hubo ninguna versión, y la verdad es que yo a los organismos que funcionan no los tocaría.
Dju: ¿Qué pasaría si sucediera?
MR: Sería otra cosa, no sería la UFITCO. Porque está dirigida por un fiscal general, que nunca puede depender del Ejecutivo. Aunque no me parece imposible que uno pueda pensar en un organismo al estilo de la UIF preocupado por los delitos tributarios, pero me da la sensación de que sería otra cosa, porque a un fiscal general nadie le puede dar instrucciones y esto es una ventaja, más allá de las dificultadas de inserción, como en el sistema judicial.
Dju: Si lo sentaran en un programa de televisión con Ruckauf o Casanovas alentando políticas de “mano dura”, ¿con qué argumentos discutiría?
MR: Me parece que la política criminal de la Provincia de Buenos Aires se está manejando con una falta de seriedad increíble. Se me haría difícil discutir con ellos, porque los que no tienen argumentos son ellos para explicar porqué en un modelo de reducción del derecho penal, con una constitución preocupada por limitar el derecho penal... los que tiene que explicar qué es la mano dura tendrían que ser ellos. Y las estadísticas no los ayudan. Cada vez que se implantaron políticas de este tipo en todo el mundo se vinculó con un aumento de la inseguridad ciudadana, con una aumento de los niveles de violencia, con un desborde de las agencias policiales, que son víctimas de las políticas de mano dura también, porque están influidas para una distribución irracional de la violencia. Después criticamos a la policía porque se desborda, pero desde los poderes políticos les dan indicaciones de una manifestación continua de violencia. En general han fracasado desde el punto de vista de la política criminal. En cuanto a la derogación del dos por uno, hay algo que ni Casanovas ni Ruckauf saben, más comprensible en el gobernador y más grave en respecto del ministro de Justicia. La prisión preventiva es una medida de violencia procesal en cuyo origen se encuentra la protección de una garantía constitucional. Hablamos de prisión preventiva porque hay una garantía que rige históricamente que es la imposibilidad de realizar un juicio en rebeldía. Hay que asegurarle a todo ciudadano que cuando se realice el juicio oral, ese ciudadano tiene que tener la posibilidad de estar presente a efectos de controlar la producción de la prueba. Entonces cuando hay riesgo de que se fugue, hay riesgo de que el Estado no pueda hacer el juicio. A efectos de proteger una garantía se lo aprende.
Dju: Una garantía individual que va en contra del individuo.
MR: Obvio, creo que si le preguntamos al imputado dice no se preocupen más por mi garantía, “hagan el juicio aunque yo no esté, y si después me condenan me buscan”. Hay que tener claro que surge de una garantía constitucional.
Dju: Cuando se habla de la experiencia de Rudolph Giuliani en Nueva York y la experiencia de la mano dura, que fue visitado por políticos argentinos, ¿hubo una farsa en el discurso, se trata de realidades distintas?
MR: Creo que hay una traducción absolutamente influida por la mala fe. Yo no conozco una decisión de Giuliani o del Ministerio Público o las agencias judiciales durante esos años que haya vulnerado garantías constitucionales. Me da la sensación de que es un eslogan. Cuando se habla en Estados Unidos de tolerancia cero es lo contrario. Surgió como tolerancia cero a los excesos policiales. Y se lo instaló como tolerancia cero para la delincuencia. Acá se mintió. De todos modos, Estados Unidos es un buen ejemplo de cómo organizar el Ministerio Público con fiscales de circuito, controlando a la agencia policial. Estas son las cosas que no se miran.