La investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada por "Servicio Horizontes", una empresa que en mayo de 1998, resultó desplazada de una licitación para contratar servicios de limpieza para las sedes de Leandro Alem al 600 y Callao al 100 de la cartera de Trabajo.
En la causa se investigó la adjudicación del servicio de limpieza de esa cartera a las firmas "Liser" y "La Royal", y las modificaciones dispuestas a último momento en el pliego, que según la Cámara, encaminaron "todo el proceso hacia una contratación direcccionada, con el fin de apartar del proceso a los oferentes que exhibían menores precios y facilitar así la contratación de un precio mucho mayor".
Para la Sala I el precio finalmente abonado para esos servicios "resultó superior en unos 67 por ciento con respecto a la base estimada".
Uriburu reconoció su intervención en el proceso de contratación cuestionado, alegando que la misma se centró exclusivamente a la firma de la resolución mediante la cual se aprobó la licitación. Sin embargo, para los camaristas la intervención de Uriburu fue "substancial" en el proceso de aprobación del trámite licitatorio y consecuente adjudicación del servicio contratado.
En la misma resolución, la Sala revocó los procesamientos de los integrantes de la Comisión de Preadjudicación dem Ministerio de Trabajo y les dictó la falta de mérito, por no haber participado de las modificaciones del pliego de licitación, ni ser la encargada de determinar "cuantas y cuáles empresas podrían participar en el proceso de adjudicación".