Así, el ex ministro de Defensa Oscar Camilión aseguró que fue el propio Menem -por dichos de Esteban Caselli- quien dio la instrucción de que fuera mantenido en su cargo el entonces interventor de Fabricaciones Militares (FM), Luis Sarlenga.
Por otro lado, Antonio Erman González, que antecedió en el mismo cargo a Camilión y que podría quedar detenido luego de declarar -el próximo 27- en la causa por contrabando de pólvora a Croacia que instruye el juez en lo Penal Económico Julio Speroni, dijo que cree que el magistrado también debería llamar a indagatoria a Menem y al ministro de Economía oficial Domingo Cavallo, ya que ambos firmaron los decretos.
El tercero en "tirar para arriba" fue el teniente general Martín Balza, que encabezaba el Ejército durante el supuesto contrabando. El militar sostuvo en conversaciones con la prensa durante la mañana de hoy que "la respuesta" a la aparición de las armas argentinas en Croacia tienen que darla "otros funcionarios".
Balza insistió en que se conformó "una ruin ingeniería mafiosa" ajena al Ejército para contrabandear armamento. "No consultaron al Ejército porque se quería ocultar una obvia falsedad", remarcó.
González se defendió al explicar que "no se puede hablar sólo en particular" de los funcionarios que en su momento firmaron el decreto de venta de armas, y se quejó de que Speroni lo citó a él "como si fuera el único que firmó el decreto". "Si nos van a citar a nosotros para hablar de una supuesta asociación ilícita, hablemos todos los que somos partícipes de la firma del decreto", sostuvo.
La importancia de los dichos de Sarlenga -que lleva más de dos años en prisión- en la causa federal es tal, que su declaración ante el juez Urso sobre cómo se gestaron las negociaciones derivó en la detención la semana pasada del empresario Emir Yoma.
Sarlenga había sido designado en Fabricaciones Militares por Erman González. Cuando asumió Camilión, éste intentó desplazarlo de conducción de la empresa estatal, pero, según dijo en una entrevista televisiva ayer, se encontró con una contraorden que según Caselli habría emanado del propio presidente.
Por otro lado, Erman González sostuvo que el decreto del Poder Ejecutivo que autorizaba la venta de armamento a Panamá -que finalmente fue a Ecuador- estuvo encuadrado en los términos legales, afirmando que "hubo una maniobra que se pudo haber hecho con o sin decreto y que lo ilegal es el desvío de las armas; es allí donde hay que profundizar la investigación".
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