El hecho, que ya provocó un escándalo en la provincia, ocurrió en la penitenciaría del barrio San Martín, e involucra al menos a tres guardiacárceles, cuyas identidades no trascendieron.
La directora del SPC, Graciela Lucientes de Funes, confirmó que la división Asuntos Internos de la institución inició una investigación para establecer las responsabilidades del caso y agregó que se dio parte a la Justicia para que tomara intervención en los hechos.
El Código Penal de la Nación no reprime el ejercicio de la prostitución aunque sí la promoción de esa actividad en su artículo 126: "Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución de mayores de dieciocho años de edad mediando engaño, abuso de una relación de dependencia de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción".
"Hay tres empleados penitenciarios que fueron separados de sus cargos y la cuestión se investigará hasta las últimas consecuencias", aseguró Lucientes de Funes. Según trascendió, los guardiacárceles actuaban como proxenetas: retiraban a los homosexuales de sus celdas y los trasladaban a un sector del penal que era utilizado como improvisado hotel alojamiento.
A cambio de estos "favores" sexuales, el personal penitenciario involucrado percibía una contraprestación en dinero tarifada que era abonada por los internos. "Los involucrados cobraban una especie de peaje", graficó la titular del Servicio Penitenciario.