Esta decisión del Máximo Tribunal –que de acuerdo a una acordada conocida hoy no regirá para las causas iniciadas con anterioridad a la vigencia de la norma- complica la ejecución de la ley en cuya aplicación está trabajando a todo vapor el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con su atención distraída en estos momentos por el arribo a esa cartera de las cajas con la información sobre lavado de dinero desde la embajada de Estados Unidos.
Becerra reaccionó ante la promulgación de la ley con su solicitud de suspensión a la Corte y a la Cámara de Diputados, con el objetivo de conseguir los recursos económicos para que la implementación fuera posible, sobre todo ante el recorte de dos millones de pesos que sufrió la Procuración entre los sucesivos ajustes.
El discurso del Procurador y de varios fiscales que siguen su línea fue el de hacer hincapié en un potencial colapso si se ponen en funcionamiento los tres nuevos artículos que se incorporan al Código Procesal Penal (196 bis, ter, quater) y que implicarían una importantísima reforma al sistema de instrucción penal que todos los sectores han considerado positiva de hacerse con todos los recaudos. Inclusive varios fiscales la han interpretado con un avance importante hacia un sistema acusatorio con jueces de garantía.
El resultado de la reforma será sin dudas el traslado de una cuota de poder difícil de mensurar desde los juzgados criminales y de instrucción al Ministerio Público, que ya comenzó a generar malestar entre los jueces. Actualmente, el artículo 196 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación establece como una facultad la delegación de la instrucción en los fiscales, por una decisión absolutamente discrecional de los magistrados. A partir de ahora, ellos perderán esa potestad decisoria en los casos de autor desconocido que recaerán automáticamente en las fiscalías.
Según revelaron a este medio altas fuentes del Ministerio de Justicia, la cartera que encabeza Jorge de la Rúa está en una carrera sin aliento para proveer de un inmueble a la futura fiscalía de casos NN o de autor desconocido, pero necesita un tiempo que la Corte no concedió para terminar de definir la cuestión.
Mientras tanto, Becerra armó una comisión especial integrada por los fiscales de Cámara Norberto Quantín, Ricardo Sáenz y Joaquín Gasset, que tiene justamente 60 días -que comenzaron a correr esta semana- para estudiar la mejor forma de implementar la reforma. Aunque la integración con estos tres funcionarios no favorece el consenso, ya que tienen posturas absolutamente opuestas, al menos a este respecto.
La magnitud del problema es tal que durante 1999 los delitos denunciados o prevenidos ante el fuero de instrucción alcanzaron el 70 por ciento, mientras que en el fuero correccional el porcentual llegó a 55. La respuesta a esta situación de evidente crisis fue la remisión del proyecto de la ley para crear la Oficina NN al Congreso con las firmas del presidente Fernando de la Rúa y de los entonces ministros Ricardo Gil Lavedra (Justicia) y Rodolfo Terragno (Jefe de Gabinete), ahora en vigencia pero sin las partidas presupuestarias.
A esto hay que sumarle que la delegación de investigaciones en virtud de los artículos 196 y 353 del Código Procesal Penal pasó en las fiscalías de todo el país de 22986 a 46430 de 1997 a 1999. Es decir, con un incremento del 103 por ciento, una tendencia que también fue comprobada en el primer semestre del año 2000, según los últimos datos confeccionados por el Ministerio Público y a los que tuvo acceso Diariojudicial.com. Un dato relevante es que en el mismo periodo se registró un aumento en el presupuesto de sólo el 20 por ciento, es decir, una quinta parte del incremento de las causas delegadas.
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