El ex funcionario se presentará ante Speroni a las 9:00 y se descuenta que durante la indagatoria deberá responder respecto de la confección de los decretos 1697 y 2283 de 1991, que -en el caso de este último- Erman firmó y respaldó en su condición de ministro de Defensa. Asimismo, el juez incorporó en este último tramo de la cuasa otras maniobras de contrabando de armamento que no estaba contenido en dichos decretos. Parte de las exportaciones de pólvora que están siendo investigadas ni siquiera contó con el amparo de decreto alguno, cuestión que seguramente será esgrimida por González en su descargo, demostrando que en este caso no era necesaria su intervención.
Detenciones en la causa de Urso
Por otra parte, fuentes consultadas hoy por Diariojudicial.com no descartaron que en las próximas horas podrían producirse importantes novedades en la causa que instruye Urso, no descartando que el magistrado ordene "nuevas detenciones", aunque se negaron a brindar mayores precisiones al respecto.
Según se pudo saber las detenciones estarían directamente relacionadas con la llamada "ruta del dinero", cuya investigación fue ordenada por la Cámara Federal a principios de abril. En ese sentido, durante y después de la extensa ampliación de la indagatoria del ex titular de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, tanto el juez Urso como el fiscal Carlos Stornelli y la Defensora Oficial Perla Martínez de Buck sellaron un pacto de silencio en torno a las investigaciones, que fue reforzado por la reimplantación del secreto del sumario.
Los voceros consultados advirtieron que las medidas, incluyendo las eventuales detenciones, no guardarían relación directa con los dichos de Sarlenga, ya que serían la resultante de la propia evolución de la causa y el juez ya las habría tenido "in pectore" desde hacía varios días.
En tanto, el magistrado postergó una vez más la ampliación de la declaración indagatoria solicitada por el detenido ex asesor presidencial Emir Yoma, quien pidió que esa diligencia se postergue para una fecha posterior al 10 de mayo. En medio de versiones no confirmadas sobre la realización de nuevos allanamientos, el juez y el fiscal se enfrascaron en la preparación de la indagatoria a la que será sometido el próximo viernes el embajador argentino en los Estados Unidos, Guillermo González.
A su vez, el fiscal federal Carlos Cearras recibió un informe de Fabricaciones Militares respecto a la venta de dos fábricas de de su dependencia entre 1992 y 1993, cuya investigación fue delegada por el juez federal Jorge Luis Ballestero a partir de un anónimo que alertaba sobre irregularidades en ambas operaciones. Se trata de la Fábrica Militar de tolueno sintético y de la Fábrica Militar de conductores y vainas ECA. Cearras pidió información, a Fabricaciones Militares, al Ministerio de Defensa y a la Secretaría General de la Presidencia respecto de cómo se realizaron las ventas y si se respetaron sus precios.