Estas palabras son de Eugenio Raúl Zaffaroni, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, y sirven como un pequeño muestrario de la artillería que junto al profesor adjunto y abogado del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Alberto Bovino y al Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, dispararon el jueves pasado en una conferencia organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA con el objetivo de debatir la derogación del doble cómputo de los días de prisión preventiva una vez que se supera el segundo año en esa condición procesal.
En la misa tónica, Bovino consideró que “el único objetivo de votar una ley en treinta segundos –en referencia a la decisión de la Cámara de Diputados del pasado miércoles, que fue tomada sobre tablas y sin debate- es pretender transformar a la justicia en una banda de ladrones”.
Mugnolo, cuya tarea es la de defender los derechos humanos en el ámbito carcelario, apuntó en el mismo sentido: “Hemos sufrido una derrota los que pensábamos en un desarrollo mayor de la dignidad de la persona”.
El Procurador Penitenciario criticó al gobernador bonaerense Carlos Ruckauf y a la diputada Mabel Müller por violar la presunción de inocencia y entre otras garantías constitucionales al decir que el dos por uno “pone en la calle a delincuentes y asesinos”. Según Mugnolo, el gobernador y la diputada “distorsionaron y pusieron en contradicción el verdadero sentido de la norma”.
Bovino, más enérgico en su discurso, preguntó con ironía “a esos legisladores que en treinta segundos votaron lo que votaron, si pueden contestar también en treinta segundos qué protege la presunción de inocencia si no es un proceso condenatorio”.
El letrado del CELS y Zaffaroni fueron más allá y se ocuparon de poner en tela de juicio directamente la constitucionalidad de la prisión preventiva. Bovino recordó las garantías del juicio previo y de legalidad y aseguró que “no se pueden relativizar, son como la prohibición de la esclavitud”.
Zaffaroni, actual titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), precisó que “cuanto más prolongada es la prisión preventiva más irracional es, y más viola el principio de inocencia”, al tiempo que definió a la naturaleza jurídica de ese instituto procesal como “una pena anticipada en cualquier caso, salvo la rara excepción de que opere para evitar le inminencia de la comisión de un curso lesivo, en un estado de necesidad”.
Para el director del Departamento de Derecho Penal de la UBA “la prisión preventiva más allá de los dos años es inconstitucional y lo que corresponde es soltar a la persona” después de ese plazo en virtud de los sistemas jurídicos internacionales que obligan a la Argentina, muchos de ellos incorporados a la Constitución en la reforma de 1994.
Inclusive, Zaffaroni aseguró que en su momento propuso “un tres por uno o un cuatro por uno”, según se extendiera la demora.
Bovino además advirtió que “la gravedad del hecho jamás puede justificar la prisión preventiva”. Y puso un ejemplo con el que intentó demostrar la incoherencia de los legisladores: “La ley de estupefacientes excluye el beneficio del dos por uno. Según el legislador, -esa conducta típica- es más grave que una violación o un asesinato”.
El argumento principal para la derogación del artículo 7 de la ley 24.390 que disponía el dos por uno, fue siempre que los abogados recurrían indefinidamente para acortar los plazos reales de prisión luego de la condena. Para el penalista del CELS, las causas de las demoras, más allá de los recursos, “es responsabilidad del Estado, que puede cambiar su procedimiento”. Según Bovino, que hizo referencia a la cantidad de académicos que preparan o prepararon proyectos legislativos en América Latina, “tenemos el know how para ser eficientes sin avanzar sobre las garantías”.
Para el Procurador Penitenciario, “esta demora se transforma en impunidad, y la sanción por la ineficiencia de la Justicia se ha puesto en el ciudadano”. Mugnolo también analizó la cuestión desde su ámbito: “La problemática está en que la cárcel nos devuelve gente que cada vez reincide más”.
Desarrollando todo su histrionismo y corrigiendo sus propias expresiones, Bovino aclaró que el dos por uno “no es un beneficio, sino una reparación por encerrar a una persona inocente y sin sentencia firme”, al tiempo que criticó al sistema penal argentino al poner en evidencia que “detenemos para investigar y no investigamos para detener”.
La principal preocupación que mostraron los jueces el pasado jueves a través de Diariojudicial.com fue un tema apenas abordado por los panelistas. Mientras que Zaffaroni ni siquiera hizo mención, Mugnolo sostuvo que el artículo 9 –en el que se dispone que el Consejo de la Magistratura funcionará como órgano de contralor de la mora de los jueces en los procesos penales- “no sirve para nada porque estamos saturados, y los jueces dicen que no tienen personal”. Mucho más escéptico fue Bovino, que opinó que “importa muy poco que se sancione a un juez, así no se protegen los derechos de los ciudadanos”.
Zaffaroni y el avance del Estado autoritario
El titular del INADI, al cierre de la conferencia logró escaparse del dos por uno para dar a los estudiantes y abogados su mensaje de advertencia ante el avance de una nueva forma de Estado autoritario.
“Cuidado con las encuestas y con nuestros políticos que deciden en base a encuestas –dijo Zaffaroni-. Tenemos empresas de publicidad, no partidos políticos. El político ya no debate, pregunta qué quiere la mayoría y decide: actúa frente a las cámaras de televisión.
Ya no es ni puntero, que era un personaje respetable”. En clara referencia a Ruckauf, Zaffaroni habló genéricamente de un político que “sale poniendo la cara que le indica su asesor de imagen; sale sonriendo Kolynos”, en referencia a la conocida pasta dental.
El penalista volvió en la conferencia sobre un tema que aborda en su nuevo tratado respecto de los agentes judiciales, aunque esta vez apuntando a los políticos: la ruptura del narcisismo. “Como el Estado Nacional no puede resolver los problemas, toma decisiones para aparentar el poder que no tiene, y esas decisiones son las leyes penales. Y es un fenómeno mundial, más allá de los personajes folklóricos”, comentó.
Zaffaroni explicó que Argentina está “copiando el discurso demagógico vindicativo del sistema penal de Estados Unidos, que es lo peor que tienen. Y ni siquiera es una copia fidedigna, porque no tenemos el presupuesto para cinco millones de presos, que cumplen la función de hacer descender los índices de desempleo”.
Tampoco faltó en la parte final del discurso de Zaffaroni la advertencia ante el avance del poder punitivo, cuya contención es el objeto del derecho penal según la visión que se desprende de su tratado publicado en diciembre. “Nos enfrentamos a una política demagógica y suicida que le cede su poder a las corporaciones policiales, que a su vez le pone condiciones a la clase política. Y se terminan pudriendo ambos con la corrupción, que no hay forma de detenerla cuando se permite el avance”.
“Es contra la amenaza del Estado autoritario que tenemos que luchar –dijo el vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal-, que es diferente a la del siglo veinte, donde la corrupción fue un efecto coyuntural, no eran los objetivos estratégicos”.
Al marcar la pauta de diferenciación, Zaffaroni indicó que “la nueva forma de Estado autoritario es la sacralización de estructuras de poder que garantizan la producción de fenómenos de corrupción” y, apocalípticamente, señaló que la derogación del dos por uno “es el primer aviso alarmante de este Estado autoritario”.
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