Paraguay se une de esta manera a Venezuela, Argentina y España como el cuarto país Ibero-americano en ratificar el convenio multilateral. El Embajador paraguayo ante la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Lara-Castro, quien depositó personalmente el instrumento de ratificación ante la Secretaría General del organismo internacional, aseguró que el país guaraní está "sumamente honrado en convertirse en uno de los primeros sesenta estados que ratifican el estatuto de Roma, un tratado que forma parte de la tendencia mundial a crear un sistema efectivo de protección de la persona humana. Ratificamos el estatuto de la Corte Penal Internacional como símbolo de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos."
Según William Pace, Coordinador General de la Coalición de ONGs (Organizaciones no gubernamentales) por la Corte Penal Internacional advirtió que "el compromiso que Paraguay ha demostrado con la creación de la CPI representa una señal más del impulso mundial contra la impunidad. Este paso ayudará a que otros países vecinos aceleren sus procesos de ratificación".
Más allá del impulso que varios países del tercer mundo y algunos europeos están dando a la creación de la Corte, el mayor escollo es sin dudas la oposición de Estados Unidos, sobre todo luego de la derrota demócrata en las últimas elecciones presidenciales.
El senador republicano Jessé Helmes –presidente de la Comisión de asuntos internacionales de la Cámara Alta y propulsor de la ley Helms Burton, que establece sanciones a las empresas de todo el mundo que comercien con Cuba- es el más aguerrido combatiente contra la creación de la CPI, al punto de que ha manifestado que Estados Unidos no sólo no tiene que ratificarla, sino que debe luchar porque el resto de los países no lo hagan.
De todas formas, la virtual expulsión de Estados Unidos de varias comisiones de las Naciones Unidas, entre ellas la de Derechos Humanos, muestra que cada vez más los países no están dispuestos a ceder ante las presiones en materia de derechos humanitarios.
Por su parte, Eduardo González Cueva, Coordinador para los Países del Sur de la Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional destacó que “con este gesto Paraguay demuestra que quiere romper con el pasado de autoritarismo y violencia que afectó a Latinoamérica en décadas pasadas. Si hubiese existido una CPI en la época de las dictaduras militares latinoamericanas, sería más fácil capturar y juzgar a los responsables de la infame Operación Cóndor que se articuló desde Paraguay durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner.”
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