"La derogación del dos por uno y la delegación de facultades en la policía puede terminar en un conflicto internacional"
Mientras que en el Congreso de la Nación al cierre de este reportaje se avanza
hacia el otorgamiento de más atribuciones a la policía para combatir el problema
de la inseguridad, y un grupo de fiscales entrega un informe con una gran cantidad
de casos de procedimientos policiales fraguados, Alberto Bovino, profesor adjunto
de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y abogado del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) y parte del staff del estudio de Luis Moreno Ocampo
analizó profunda y polémicamente el problema de la seguridad que parece alarmar
a los argentinos por estos días. Y lo hizo a través de una ácida crítica al
sistema penal.
"Los policías que murieron en Once no murieron porque no se puede interrogar
en la comisaría -explicó-. Murieron por la espiral de violencia que se genera
porque la policía sale a disparar".
Además aseguró que "los principales problemas para implementar cualquier reforma
sustancial pasan por los operadores de la justicia penal", al confirmar la alarmante
involución del sistema argentino puso como contraejemplo a El Salvador Y Costa
Rica, donde se aplica la conciliación para extinguir la acción penal por delitos
contra la propiedad no violentos.
Bovino también advirtió que la derogación del dos por uno y la delegación de
facultades en la policía puede terminar en un conflicto internacional para el
país, y acusó a los jueces preocuparse sólo por el control que el Consejo de
la Magistratura ejercería cuando ellos se demoran en elevar las causas a juicio.
Al mismo tiempo se despachó contra Jorge Casanovas, a quien acusó de violar
los pactos internacionales incorporados en la Constitución de 1994 al "vanagloriarse"
de que aumentó la cantidad de presos desde su asunción como ministro de Justicia
en la provincia de Buenos Aires.
Diariojudicial.com: ¿El sistema penal argentino está en un período de
involución?
Alberto Bovino: Es un botón de muestra cómo en la sociedad chilena,
que es bastante conservadora, se está proponiendo desde los sectores que tienden
a dar una respuesta dura, la reducción de las penas, que las cárceles sirvan
para fines rehabilitadores, aunque hoy en día no se puede pretender más que
una cárcel que haga el menor daño posible. Ha caído la fe de los poderes de
rehabilitar a alguien en la cárcel.
Dju: Lo que Eugenio Raúl Zaffaroni llama las "ideologías re", rehabilitación, resocialización, reeducación, etcétera...
AB: Sí, que en primer lugar enfoca a la desviación penal como cosa
patológica: hay que operar en el sujeto porque hay un problema en él que hace
que se aparte de las normas, cuando todas las ciencias sociales han verificado
que la desviación criminal existe en todas las capas sociales y en todos los
estratos sociales. El problema cuando se habla de seguridad en nuestro país
es que se limita a la delincuencia contra la propiedad y de carácter violento.
Es cierto que ha habido un aumento en la criminalidad violenta en nuestro país,
pero se reduce a los grandes centros urbanos y no a todo el país, y en segundo
lugar, al compararlos con otros países de Latinoamérica, nuestros índices son
bastante bajos. Por eso no se comprende esta euforia punitiva que es irresponsable,
porque como decía Zaffaroni (en una charla sobre la derogación del dos por uno
en la facultad de Derecho) la gente que la promueve se guía por las encuestas.
Y no es culpa de la persona que tiene toda la razón en tener miedo de un delito
violento, sino que es culpa básicamente de las agencias del Gobierno, que tienen
toda la información y que en vez de transmitirla para que las personas tomemos
racionalmente alguna decisión, lo que hacen es fomentar el miedo y justificar
estas salidas represivas que ya se sabe que son un fracaso.
Dju: ¿Es esta una metodología fascista?
AB: El fenómeno de la comunicación no es tan simple. Los medios de comunicación
son una entidad abstracta que no existe, hay varios medios, cada uno emite un
mensaje distinto. Las nuevas teorías de la comunicación dan cuenta de que no
todos los receptores decodifican el mensaje de igual manera, con lo cual sí
se reconoce que el poder de los medios es instalar la agenda de la discusión.
Pero la gente no es tonta, también reclama ante la violencia policial. Sin embargo
los políticos no escuchan ese reclamo. Y sí escuchan el de los sectores que
quizás tengan más influencia. Porque las víctimas de la violencia policial no
son las mismas que las de los delitos contra la propiedad. Lo que pasa es que
la gente que sufre los abusos de la violencia policial no tiene mucho peso en
el debate político. Y cualquier estudiante de Derecho, de clase media, que puede
tener una posición no tan favorable al respeto de las garantías, también sufre
a la policía cuando va a los recitales, y le tienen miedo. En este país, sobre
todo la gente joven le tiene miedo a la policía, y sin embargo ese reclamo no
es recogido por los políticos para tratar de resolver la situación teniendo
en cuenta los valores que están en juego. El constituyente, al poner los límites
a la forma de organizar la persecución tomó la decisión de que por grave que
sea el hecho, la tortura no es un método admisible y no importa que se trate
de la violación de una niña de cinco años, que es un hecho aberrante. Esa decisión
fue tomada, y el legislador no puede dar marcha atrás, a menos que se haga una
reforma constitucional.
Dju: ¿Y si se hace esa reforma?
AB: Pero lo que se hace normalmente es poner un programa utópico en
la Constitución y un sistema de normas a nivel legal que claramente va a tender
a incumplir ese programa. Por ejemplo, dar marcha atrás con los límites a las
facultades policiales, cuando se sabe que en Capital desde que prohibió el interrogatorio
en comisarías bajó muchísimo el índice de torturas y de apremios es claramente
fomentar algo que está prohibido en la Constitución. Pero nadie se animaría
a mantener un debate para relativizar la prohibición constitucional de los tormentos,
sin embargo sí se animan a proponer una ley que fomenta el incremento de los
índices de tortura. Y tiene que ver también con el incumplimiento de las obligaciones
internacionales, porque los pactos obligan a los tres poderes a tomar todo tipo
de medidas para cumplir esas obligaciones.
Dju: ¿La derogación del dos por uno y la potencial delegación de facultades
puede llegar a terminar en un conflicto internacional, por ejemplo ante el sistema
interamericano?
AB: Sí, la ley del dos por uno fue condenada en duros términos en causas
iniciadas por personas a las que se les aplicó el dos por uno, con lo cual este
cambio legislativo respecto de los presos preventivos va a provocar una avalancha...
o al menos que la Argentina vuelva a ser condenada por violación del artículo
7 (de la Convención Americana de Derechos Humanos), que dice que las personas
tienen derecho a ser detenidas sólo durante un plazo razonable o si no a ser
puestas en libertad. Y esta ley no hace ni uno ni lo otro. Lo que es notorio
es que los jueces sólo se han preocupado por las sanciones que les pueden imponer
a ellos. Y en segundo lugar, en todo este debate, los jueces parecen no reconocer
que esta ley fue precisamente un intento, provisorio o no, tendiente a solucionar
la mora judicial. No es que se aplicaba el dos por uno porque los abogados presentaban
muchos recursos, se aplicaba porque los jueces no cumplían con los plazos que
establece la ley para elevar la causa a juicio.
Dju: ¿Cómo se explica esta actitud de los agentes judiciales?
AB: Los jueces le querían echar la culpa al legislador para que al mismo
tiempo la gente no se las eche a ellos. Pero claramente se trata de la incapacidad
del sistema de la justicia penal. Porque donde hay una persona detenida, se
supone que tiene que haber un estándar probatorio, que es el mismo para ir a
juicio, con lo cual no se explica porqué no elevan el caso a juicio, a menos
que cuando se dictó la prisión preventiva no haya habido la prueba suficiente
para detener a esa persona, con lo cual la detención en sí es ilegítima. Y el
Estado no puede refugiarse en que tiene pocos tribunales, eso lo ha dicho toda
la jurisprudencia internacional, tiene que organizar el sistema de persecución
penal de manera tal de respetar los plazos. (El ministro de Justicia bonaerense
Jorge) Casanovas se vanagloria de que desde que él subió aumentaron los presos
en la provincia. Es una especie de admisión del Estado de que se están violando
los principios fundamentales. Un funcionario del Gobierno de la provincia de
Buenos Aires está reconociendo que hay una política tendiente a un crecimiento
desmedido del encarcelamiento preventivo después de varias condenas a la Argentina
por el uso de la prisión preventiva como pena. Todos estos parches tienen que
ver con el hecho de que en los noventa, con la excusa de poder designar a muchísimos
jueces, se adoptó un modelo cuyo fracaso demostraban cincuenta años de experiencia
cordobesa, y que no sirve para investigar ningún delito que vaya más allá de
la protección de la propiedad. Es un modelo de Código (Procesal Penal) que no
sirve para investigar una defraudación más o menos compleja. Cuando se habla
de "tolerancia cero", que sea también con la violencia policial, porque para
el legislador argentino es un delito el exceso de la policía en el uso de sus
facultades, también el prevaricato, los delitos contra la corrupción. Sin embargo,
esta "tolerancia cero" sólo se aplica para los delitos contra la propiedad.
Entonces el discurso ni siquiera es consistente.
Dju: Además se distorsionan los hechos de la famosa tolerancia cero
en Nueva York, donde la vulneración de garantías no fue un lugar común...
AB: Muchas veces se hacen transpolaciones del sistema anglosajón al
nuestro que son erróneos metodológicamente. Por ejemplo, en materia de requisa
personal nuestro Código tiene una regla que dice que se requiere una orden judicial
para realizarla. ¿Qué ha hecho la Casación? Ha insertado una serie de excepciones
a esa regla que es un mandato claro del legislador citando fallos de la Corte
de Estados Unidos, donde no hay ninguna regla positiva donde diga cómo hacer
una requisa, porque allí se desarrolla a través de los precedentes. La Casación
básicamente ha destruido la regla del Código. Esos fallos son absolutamente
inaplicables a nuestro sistema porque los estadounidenses no tienen regulada
la etapa de la investigación como nosotros. En el sistema de Estados Unidos
la persecución a nivel formal comienza con lo que sería el cierre de nuestra
instrucción, y durante la etapa de investigación tienen parámetros negativos
establecidos por la jurisprudencia. Entonces esta transpolación, que pretende
ser erudita, en realidad desconoce las diferencias entre los dos sistemas y
más allá del interés por el derecho comparado que pueda tener, esa jurisprudencia
no se puede asimilar. Lo que pasa es que acá hay una tradición de tomar como
fuente la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos porque hay muchas cláusulas
de la Constitución que sí son casi idénticas.
Dju: ¿Cómo se resolvieron estos problemas en otros países con legislaciones
más parecidas a la Argentina?
AB: De manera mucho más racional. Por ejemplo en Costa Rica o en El
Salvador, un países con una criminalidad mucho más violenta que Argentina se
usa la conciliación como causa de extinción de la acción penal. En los delitos
contra la propiedad, casi en el 40 por ciento de los casos que ingresan formalmente.
Dju: Es casi un camino hacia soluciones civiles...
AB: No es civil porque se mantiene el ámbito del derecho penal con su
efecto simbólico. Entonces se dice "esta infracción sigue siendo grave porque
sigue siendo penal", pero no significa que haya que poner una pena en casos
en que no es merecida. Y además se le brinda una solución a la víctima.
Dju: ¿Qué implicaría una conciliación penal?
AB: Puede ser objetiva: si lo hurtado es un libro, el autor devuelve
un libro; o subjetiva, que va desde un pedido de disculpas a una reparación
monetaria en términos asimilables al derecho civil. También con obligaciones
de trabajo comunitario en el caso de daño social, o de trabajo a favor de la
víctima en los casos de daños a bienes jurídicos individuales. Entonces, si
lo aplicamos al 40 por ciento de los casos, que son básicamente los delitos
no violentos contra la propiedad, uno sí puede tener un modelo en el que dedica
los recursos a los delitos más graves. Acá los delitos que taponan a la justicia
penal son ese 40 por ciento al que los salvadoreños y los costarricenses le
aplican una solución rápida y que satisface a la víctima, que acá es la gran
olvidada, por eso no se denuncian los delitos.
Dju: ¿Cómo se explican todos estos cambios descriptos como ilógicos
en el sistema penal argentino? ¿Tiene sentido pensar en una teoría complotista
o conspirativa?
AB: No. En primer lugar tenemos quinientos años de cultura inquisitiva
en la cabeza, que es muy fuerte. Y hasta quien más piensa en resguardar las
garantías no puede sustraerse de esa cultura. Por otro lado tenemos un Poder
Judicial -incluyendo al ministerio Público- con pautas inquisitivas también
muy fuertes. Y los principales problemas para implementar cualquier reforma
realmente sustancial pasan por los operadores de la justicia penal. Si los jueces
están en contra la van a hacer fracasar, y después le van a echar la culpa al
modelo diciendo que no se puede investigar. Y los modelos más acusatorios, además
de ser los únicos adecuados a las exigencias de la Constitución y de los pactos
de derechos Humanos con jerarquía constitucional, logran un sano equilibrio.
Y hay que terminar con la oposición "garantías o seguridad", porque estos códigos
más modernos son mucho más eficientes para perseguir los hechos más graves,
y al mismo tiempo respetan mucho más los derechos fundamentales. Y no estamos
mirando a Alemania. Estos países, en peores condiciones sociales y de criminalidad
que el nuestro muestran la falsedad de la dicotomía. Y el miedo de los jóvenes
a la policía también es un problema de seguridad. Acá salió en todos los diarios
cómo varias comisarías arman causas para mejorar las estadísticas.
Dju: Precisamente hoy se presentó el informe de la Comisión de Investigación
de Procedimientos Policiales Fraguados de la Procuración General ante el Congreso
Nacional...
AB: Sí, el CELS llevaba un par de casos, y después vino el informe del
Ministerio Público. Y este es un problema de seguridad gravísimo. La gente que
está encargada de perseguir el delito, inventa delito. Y ni siquiera se trata
de violar los derechos fundamentales de la persona que está imputada. Más allá
de que no puede estar justificado nunca, resulta totalmente incomprensible que
se armen causas para aumentar la estadística, y sin embargo es algo que ha ocurrido
y ha sido documentado por el Ministerio Público, no por los organismos de derechos
humanos. Es absolutamente perverso. Se supone que el Estado le da armas y le
confía las funciones que tiene que cumplir... es más grave el delito cometido
por el agente policial que el cometido por un particular, porque a ellos se
les confía que esas cosas no sucedan.
Dju: ¿Esta lógica lleva a contradecir esa famosa frase de "acuérdense
también de los derechos humanos de los policías"?
AB: No, porque en la forma en que está organizado el trabajo policial,
obligándolos a estar con un arma cuando están de franco, les genera situaciones
de riesgo, que también es una vulneración a los derechos humanos de los policías,
que no tienen porqué estar las 24 horas de servicio. Y los policías que murieron
en Once no murieron porque no se puede interrogar en la comisaría, murieron
por la espiral de violencia, porque la policía sale a disparar y los que salen
a cometer delitos lo hacen armados. La expectativa es que todos van a disparar,
y se termina cumpliendo. Si todo el mundo tuviera armas en su casa habría mucha
más muerte en los delitos contra la propiedad, y tiene que ver con una cultura
de la violencia. Con esto no quiero decir que la policía no deba disparar. Debe
hacerlo pero en ciertas condiciones, tampoco pueden empezar a los tiros en un
banco con doscientas personas. Porque está en juego la protección de dinero,
y ponen en riego la vida de las personas que ni siquiera tienen algo que ver.
Aunque también hay que tener en cuenta la vida de los sospechosos, porque hay
un proceso judicial y además aquí no hay pena de muerte.
Dju: ¿Nos olvidamos de las causas de las penas en todas estas discusiones?
¿De la pregunta de por qué penar? Luigi Ferrajoli dice, por ejemplo, que hay
que penar para evitar la venganza privada y minimizar los niveles de violencia...
AB: El esquema de Ferrajoli es absolutamente utópico en nuestras sociedades
actuales. Uno no puede hoy en día reducir el catálogo de bienes protegidos en
el Código Penal. Si alguien propusiera derogar el hurto sería un escándalo político,
mientras que salidas como la conciliación harían que en la práctica todos los
casos de hurto se resolvieran sin una respuesta represiva. ¿Cuál es la justificación
del castigo? Hasta ahora pocos teóricos lo han podido resolver. Sí podemos reconocer
que uno puede marchar hacia una sociedad mucho menos represiva, y que por lo
menos gran parte de los conflictos de carácter penal se pueden resolver de manera
no represiva y con soluciones no tan punitivas e incorporando a la víctima.
Como con la suspensión del juicio a prueba, sin la necesidad de aplicar una
pena necesariamente. Cree que ese es el camino que podemos andar hoy. No podemos
decir que la pena está deslegitimada a pesar de que a nivel teórico muy pocos
siguen sosteniendo la justificación de la pena aplicada con el uso de la cárcel,
que nació fracasando. Pero también sería hoy políticamente inviable proponer
la desaparición de la cárcel.
Dju: Cuyo propósito fue el de humanizar las penas...
AB: Mientras que hoy en día nadie piensa en eso. Sino al contrario.
Y aparecen las ideas de privatizar las cárceles. En Estados Unidos ha subido
el índice de presos de una forma escandalosa y el Estado pierde la capacidad
de manejar la política criminal. Cuando se privatiza todo el sistema carcelario,
empiezan a regir las reglas del mercado y el Estado pierde capacidad para diseñar
política criminal. Como pasa con los fabricantes de armas, que tienen en Washington
un lobby poderosísimo que hace que el Estado resigne su capacidad para tomar
medidas y armar sus ejércitos. Y el delito no tiene límite, porque podemos penar
todo... Lo que sucede en sociedades que han privatizado es que las corporaciones
que manejan las cárceles tienen un poder de negociación que influye en el aumento
de los índices de población carcelaria.
Dju: ¿Entonces sí se podría afirmar que todos estos síntomas vistos
comparadamente marcan una situación alarmante de involución?
AB: Claramente, porque todas estas reformas parciales lo que hacen es
fomentar la cultura inquisitiva, la cultura de la violencia, de la intolerancia.
Y siempre están dirigido a un sector social determinado. Porque los políticos
no toman los reclamos de las víctimas de la violencia policial, y sí el del
entierro de unos policías o la fellatio de un taxista que terminó en la reforma
de los delitos sexuales. Además, es irracional el diseño de la misma política
criminal para la Capital y la provincia de Buenos Aires que para el interior
del país. La situación, los tipos de delitos y las formas de prevención son
totalmente diferentes. En las comunidades más pequeñas hay control social informal,
que es mucho más poderoso que el formal.
Dju: ¿Qué es el control social informal?
AB: Las desviaciones en las comunidades pequeñas se corrigen más a través
de la sanción de la crítica de la gente. Además, la respuesta violenta está
desincentivada, porque el policía se va a cruzar con los padres del chico que
torturó, mientras que en una ciudad como Buenos Aires, de gran concentración
urbana, se favorecen distancias sociales entre perseguidores y perseguidos que
hacen que la respuesta violenta sea vivida como algo menos traumático. Por otro
lado, hay condiciones de criminalidad distintas, y el legislador tiene que tenerlo
en cuenta. No puede ser tan irresponsable... No podés saltar del "ser" al "deber
ser", pero sí hay que tener en cuenta cómo es el "ser" para establecer qué programa
del "deber ser" vas a elegir.
Dju: ¿La desconexión entre los planos del "ser" y el "deber ser" es
uno de los problemas principales?
AB: Sí, porque cuando se habla de políticas de seguridad se habla de
delitos violentos contra la propiedad, y no de violencia sexual, de violencia
familiar, abuso de niños, torturas, delitos cometidos por funcionarios, y de
una serie de hechos que son mucho más graves que el simple asalto de una persona.
Se habla de la persona que está en su country y le molesta mucho que le roben
bienes. Pero esa gente no se levanta cuando a un muchacho de un extracto social
humilde lo torturan. Y hay una tolerancia clara.
Dju: Pero lo que es más grave es que el Estado reaccione ante cada hecho
de estas características con una reforma...
AB: En una República, más allá de que el 99 por ciento de la gente esté
a favor de la tortura, el Poder Judicial es contramayoritario. Se tienen que
aplicar las reglas de la Constitución más allá de lo impopular de la decisión.
Además no toda la gente pide políticas represivas, y aquellos que la piden lo
hacen por desinformación. Quien pide prisión preventiva, lo hace sabiendo que
esa es la pena, porque tenemos un sistema tan inoperante que como no puede imponer
penas tiene que imponer prisión preventiva. Entonces ¡no, juristas! Los que
estamos equivocados somos nosotros y no las personas que dicen "si esta es la
forma en que castiga el sistema, yo quiero que la castiguen, que le apliquen
prisión preventiva". Eso es mucho más sincero que lo que decimos los juristas
cuando hablamos de medida cautelar: en este país la prisión preventiva es la
pena, los que estamos equivocados somos nosotros, no la gente.
Dju: ¿Considera inconstitucional a la prisión preventiva?
AB: Se podrían dar algunos fundamentos para legitimar la prisión preventiva,
pero si fuera algo distinto a lo que es hoy. Si uno pudiera detener a una persona
en algo que no se parezca en nada a una cárcel por un lapso de tiempo bastante
reducido y de manera excepcional, uno podría decir que no se viola el principio
de inocencia, pero no como la prisión preventiva actual, que es estar en las
mismas condiciones que el penado, en el mismo lugar, y muchas veces por la misma
cantidad de tiempo que estaría según una condena. Cuando acá se aplica la prisión
preventiva es porque lo dice el legislador, usurpando facultades del Poder Judicial,
porque las circunstancias que la habilitan son fácticas y deben ser determinadas
por los jueces, que no ejercen las facultades propias de su poder. Además, la
posibilidad de recibir una condena en este sistema penal es tan baja que a la
mayoría de los imputados les conviene someterse a proceso y no fugarse. Y Ferrajoli
tiene razón cuando dice que la gente se fuga por temor a la prisión preventiva
y no a la pena. Si yo quisiera fugarme lo haría con la elevación del caso a
juicio y no durante la instrucción, donde tengo muchísimas posibilidades de
trabar el caso.
Dju: ¿Tiene sentido asociar a la delincuencia con la pobreza o marginalidad
o así se excluye la cantidad de delitos no seleccionados, como los de cuello
blanco o de corrupción?
AB: Es cierto que en alguna medida influyen la desocupación y los niveles
de marginalidad en la comisión de algunos delitos contra la propiedad. Pero
esa no es una variable directa y para regularlo el legislador debería tener
un estudio empírico serio que lo demuestre. Y también es cierto que nos olvidamos
de otro gran sector de la criminalidad, y el Código Penal tiene bastante más
que los delitos contra la propiedad. Estas campañas de ley y orden tienen que
ver con esta identificación: tenerle miedo a los pobres, cerremos los countries,
pongamos murallas porque los pobres son violentos. Y acá los delitos más violentos
los cometieron altos funcionarios de las Fuerzas Armadas desde el Estado, no
gente pobre sin educación. Parece que la Justicia no está dispuesta o no tiene
las herramientas necesarias... Aunque no basta con criticar a la Justicia, pero
es cierto que tiene una intolerancia absoluta hacia la crítica y no reconoce
su carácter de rama de los poderes del Estado. Además existe un discurso de
tolerancia a la tortura, porque todo el mundo sabe que eso sucede al darle más
facultades a la policía. Pero tampoco se le deja trabajar al buen policía, a
quien hay que darle reglas claras. Y la jurisprudencia sobre requisa del tribunal
de Casación tampoco le da reglas claras al buen policía sobre qué puede o no
hacer. Para una investigación eficiente, hay que dar capacitación de recursos
humanos, herramientas tecnológicas y reglas claras de actuación para no provocar
nulidades al Ministerio Público y a las agencias ejecutivas que intervienen,
como la policía. Y acá no hacemos nada de eso. Los legisladores recurren a la
salida que tiene prensa pero que no resuelve los problemas, y ellos conocen
esta realidad. El mayor índice de muerte en la Capital (ente 15 y 50 años) se
lo llevan los accidentes de tránsito y la penalización, ¿ha solucionado algo?
La tenencia de estupefacientes también fue penalizada, ¿ha solucionado algo?
No. Con la derogación del dos por uno no va a bajar el índice delictivo, a menos
que lleguemos a un campo de concentración donde estemos todos presos por las
dudas.
Dju: ¿Cómo interpreta el anuncio del nuevo jefe de la policía bonaerense
de enrejar las "villas miseria" para no dejar salir a los "delincuentes" que
las habitan?
AB: No sé si la ley antidiscriminación tiene como variable la condición
socio-económica, porque si fuera así los dichos serían directamente un delito.
No tengo palabras para criticarlo, pero es una locura.
Dju: ¿Es un paso hacia el panóptico?
AB: Yo no creo que esta sociedad tenga tecnología como para transformarse
en un gran panóptico. Aunque sí es la tendencia con los recursos limitados que
tenemos. Lo que no se tiene en cuenta es que las estadísticas que, entre comillas,
confirman los dichos de este señor tienen que ver con la selectividad que tiene
cualquier sistema de justicia penal; acá o en Alemania. En Estados Unidos es
mucho más probable ser detenido siendo negro que blanco. Y es cierto que los
detenidos negros son culpables, pero los blancos que jamás son detenidos también
son culpables.